La posibilidad de dar licencias de conducir para indocumentados vive un impulso en Oregon, Wisconsin, Nueva Jersey y Nueva York, estados que podrían sumarse a otras doce regiones del país que ya ofrecen los permisos de manejo a estos migrantes.
Mientras en Colorado se debate estos días en el Legislativo estatal si se amplía el programa que da licencias de conducir a indocumentados, hay estados que buscan dar ese beneficio a decenas de miles de migrantes irregulares.
Uno de ellos es Oregon, que, después de que una consulta popular acabase en 2014 con una ley que desde un año antes autorizaba los permisos para indocumentados, analiza ahora recuperar esa medida.
A finales del mes pasado la Legislatura local comenzó a debatir el proyecto de ley de Acceso Equitativo a las Rutas para que entren en vigor de nuevo los llamados «privilegios de conducir para inmigrantes indocumentados». De aprobarse, la ley entraría en vigor el 1 de enero de 2021.
En Nueva Jersey, la semana pasada representantes de organizaciones proinmigrantes entregaron un petitorio con 15.000 firmas a Craig Coughlin, presidente de la Asamblea General de ese estado.
En el documento le instan a impulsar la aprobación del proyecto de ley A4743, que permitiría que personas sin estatus inmigratorio legal recibiesen licencias de conducir.
Al tiempo, en Nueva York, el fiscal del distrito de Brooklyn, Eric González, respaldó públicamente hace unos días el otorgamiento de licencias de conducir a indocumentados por el impacto positivo de esa medida «en la seguridad vial» ya que los conductores con licencia circulan «con pruebas y seguros adecuados».
Si Nueva York aprobase esa ley, que cuenta con el respaldo del gobernador, Andrew Cuomo, hasta 250.000 inmigrantes podrían beneficiarse, según proyecciones del Instituto de Política Fiscal (FPI, con sede en la Ciudad de Nueva York).
Y en Wisconsin, el gobernador local, Tony Evers, quiere dar licencias o identificaciones estatales a los indocumentados bajo el principio de que de esta forma se mejoraría la seguridad vial y fortalecería la economía del estado.
Ignacio Ramírez, portavoz de la campaña Yo Manejo Colorado, parte de la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC), coincide con Evers y González de que otorgar permisos a los indocumentados es «práctico», y no sólo para los migrantes, sino para todos los residentes, pues supone un «aumento en la seguridad pública».
A ello hay que sumar, dijo, que cuantos más estados den licencias a los indocumentados menos se tratará a los migrantes en esta situación como «ciudadanos de segunda».
«Ya no necesitaremos ir sólo a ciertas oficinas o esperar meses para una cita para tener la licencia. No se trata de política, sino de beneficiar a toda la comunidad», agregó.
En 2013, la legislatura de Colorado aprobó una ley para que aquellos indocumentados que cumpliesen con ciertos requisitos, como el demostrar haber pagado impuestos en ese estado, tener documentos de identidad válidos y carecer de antecedentes criminales, pudiesen gestionar licencias de conducir.
La ley entró en vigor en agosto de 2014, y desde entonces unos 60.000 inmigrantes sin presencia legal en el país recibieron ese documento. Ese mismo año, medidas similares se implementaron en Maryland, Nevada, Vermont y el Distrito de Columbia.
Y en entre 2015 y 2016 se sumaron California, Connecticut, Delaware y Hawai.
El primer estado en emitir licencias para indocumentados fue el de Washington en 1993, seguido de Nuevo México en 2003, Utah en 2005 e Illinois en 2013.
Esos documentos, sin embargo, no son aceptados como identificación válida a nivel federal, por lo que no pueden usarse para abordar aviones comerciales, solicitar ayuda social (reservada para ciudadanos o residentes legales, o para ingresar en edificios federales.
A pesar de esas y otras limitaciones, Ramírez afirmó que este año existen «buenas noticias» para los indocumentados que necesitan sus licencias «para circular tranquilos» por la calle.
En Colorado, por ejemplo, la ley original de 2013 estipulaba que una vez que se alcanzase el 50 % del total de licencias a emitir (es decir, unas 60.000 licencias), el número de oficinas destinadas a pedir esos documentos se reduciría a solamente una, situada en la zona de Denver.
Pero, si se aprueba un proyecto de ley en la legislatura local, esa reducción no sucederá.
De hecho, el proyecto de ley impulsado por la bancada demócrata, mayoritaria en el legislativo de Colorado, expandiría de tres a diez las oficinas de la División de Vehículos Motorizados (DMV) habilitadas para gestionar las licencias, por lo que se recortaría de varios meses a pocos días la espera para poder hacer el trámite.
A pesar de todo ello, «aún queda mucho por hacer», dijo Ramírez, que aseguró que «cuantos más estados y más gente se sume a esta lucha, más personas también se animarán a luchar con nosotros por las licencias».
«Las licencias no deberían politizarse. No son un tema político, sino una solución pública», aseveró.
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