Con la propagación del COVID-19 en los cinco condados, los reformistas de la justicia penal están pidiendo a la ciudad y al estado que realicen un esfuerzo adicional para proteger a las personas en las cárceles y prisiones.
El análisis más reciente de Legal Aid Society sobre las tasas de COVID-19 en 14 cárceles estatales encontró que en solo ocho días, 142 casos nuevos elevaron el total a 2,040, y le piden al gobernador Andrew Cuomo que remedie la situación alegando que se pudo prevenir mediante esfuerzos para reducir congestionamiento.
Los elegibles para la liberación, según las recomendaciones de Legal Aid, son aquellos dentro de los 90 días posteriores a la fecha de su liberación y que están cumpliendo condenas por delitos no violentos y no relacionados con el sexo.
“Este hito vergonzoso fue totalmente evitable si el gobernador Cuomo y [el Departamento de Corrección y Supervisión Comunitaria, DOCCS] hubieran atendido las llamadas de defensores, profesionales médicos y otros expertos para la liberación inmediata de personas médicamente vulnerables”, dijo Stefen Short, abogado supervisor del Proyecto de los derechos de los presos de The Legal Aid Society. “Sin una intervención significativa por parte del gobernador Cuomo o del DOCCS, es evidente que la situación solo empeorará y que las consecuencias serán aún más trágicas. El Estado debe actuar de inmediato para liberar a aquellos que son médicamente vulnerables”.
¡ 3.784 #muertos en un día ! ???
La segunda ola de #Coronavirus causa estragos en #EstadosUnidos #COVID19 #QuédateEnCasahttps://t.co/Hlkyli3PA3— ElCorreoNY (@ElCorreoNY) December 17, 2020
Sin embargo, según DOCCS, los reclamos de Legal Aid en el análisis requerían un contexto adicional y la agencia está siguiendo las pautas emitidas por el Departamento de Salud del estado actualmente.
“Para poner la “conclusión”de Legal Aids en contexto, al 11 de diciembre de 2020, solo hay 249 casos positivos actuales en las instalaciones del DOCCS, mientras que 1,773 personas, o aproximadamente el 88 por ciento del número que citan, ya se han recuperado desde el comienzo de esta pandemia”, dijo el portavoz de DOCCS Thomas Mailey. “Como resultado del aumento significativo de infecciones por COVID-19 en las instalaciones correccionales de Attica, Auburn y Cayuga, las visitas a las tres instalaciones se suspendieron temporalmente hasta nuevo aviso. Los programas están actualmente suspendidos, sin embargo, se modificarán algunos programas para continuar con el trabajo. El Departamento también ha implementado pruebas rápidas para el personal”.
Mientras tanto, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez pidió a la subdirectora de personal del Departamento de Correccionales (DOC) de la ciudad, Dana Wax, que aborde una serie de preguntas sobre qué medidas están vigentes nueve meses después del inicio de la pandemia.
Con informes a su oficina de que las cárceles estaban al 96% de su capacidad y que no se estaban siguiendo algunas las precauciones sanitarias y de mascarillas, Ocasio-Cortez le pidió al DOC que explicara sobre la seguridad de los detenidos.
“Sin embargo, en los meses que pasaron, nos enteramos de varias medidas de protección adicionales que deben estar en su lugar para prevenir un brote. Estas medidas incluyen cubrirse la cara, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y evitar el contacto cercano. Además, la EPA ‘recomienda aumentar la ventilación con aire exterior y filtración de aire’ con el fin de reducir el ‘potencial de transmisión aérea de COVID-19’. Ahora escribo para determinar si el Departamento de Correcciones se está adhiriendo a esta guía”, dijo Ocasio-Cortés.
Los techos con goteras, la mala ventilación y la escasez de recursos sanitarios también fueron algunas de las preocupaciones expresadas en la carta por lo cual la congresista tenía varias preguntas para el DOC.
Exigen al #presidente electo Joe #Biden que tome medidas rápidas de justicia para #inmigrantes, reformas al #sistemapenal y ayuda a #PuertoRicohttps://t.co/qiF5W5UgNu
— ElCorreoNY (@ElCorreoNY) December 17, 2020
Su lista de preguntas incluía lo siguiente:
• ¿Se les proporciona a las personas detenidas suficiente jabón para lavarse bien las manos varias veces al día?
• ¿Están las instalaciones al 96% de su capacidad?
• ¿Las personas detenidas tienen acceso a una atención médica constante y de alta calidad?
• ¿Están las instalaciones adecuadamente ventiladas para disminuir la probabilidad de transmisión del virus según las pautas de la EPA?
• ¿Con qué frecuencia se examinan a las personas detenidas?
• ¿Qué protocolos de cuarentena están disponibles para aquellos que dan positivo en la prueba?
El alcalde Bill de Blasio se dirigió a esta carta durante una conferencia de prensa el lunes por la mañana en la que dijo que su administración no solo había reducido la multitud del DOC, sino que la tasa de infección era más baja en las cárceles que entre el público en general.
“Mientras lidiamos con la primera ola, y todos intentaban darle sentido a esta situación, esta ciudad tomó una decisión audaz. Trabajando con los fiscales de distrito, trabajando con el estado, finalmente tuvimos alrededor de 1,600 presos que salieron de nuestro sistema carcelario como medida de protección, dado lo que estaba sucediendo entonces que era una situación diferente”, dijo de Blasio. “Ahora, gracias a Dios, la salud penitenciaria está mucho mejor posicionada para abordar el virus porque todos han aprendido mucho más, tenemos mucho espacio que estamos usando porque la población, particularmente en Rikers, se redujo tanto que tenemos muchos espacios disponibles para esparcir a la gente. Estamos evaluando a cualquier persona que ingrese, ya sea empleado o preso, para asegurarnos de que conocemos su situación. Es una situación mucho, mucho mejor”.
Estas declaraciones se producen cuando Nueva York recibió su primer lote de la vacuna COVID-19 producida por Pfizer, que el gobernador Andrew Cuomo mostró el lunes por la mañana cuando se inyectó al primer trabajador de la salud.
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