El Consejo Nacional de Presidentes del Caucus Hispano (BHCC) alertó hoy de la posibilidad de que una ley antiinmigrante de Texas se extienda a otros estados con proyectos de ley similares a la SB4, destinada a indagar el estatus migratorio de las personas.
«Desafortunadamente sí pienso que veremos proyectos de ley parecidos a esta legislación discriminatoria, por eso alzamos la voz y plantamos cara unidos contra la SB4», señaló en una conferencia telefónica el senador de Arizona y miembro del consejo, el demócrata Martín Quezada.
Esta polémica ley penaliza a los gobiernos locales y a las universidades de Texas que decidan no cumplir las leyes migratorias federales para favorecer la situación de los indocumentados y permite a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida, incluso en una parada de tráfico.
Asimismo, contempla penas de cárcel para los sheriffs que estén a cargo de las oficinas de los distritos que no cooperen con las autoridades federales y sanciones económicas que alcanzan los 25.000 dólares.
La SB4 entrará en efecto el próximo 1 de septiembre, según estipulan las reglas de la Legislatura texana, a no ser que una corte federal de San Antonio (Texas), donde ha sido recurrida la medida, lo impida antes.
Para el presidente del consejo y senador de Florida, el republicano René García, es muy importante dar a conocer en toda la nación la «naturaleza discriminatoria» de este tipo de leyes, que estimulan a los policías a tomar decisiones basadas en perfiles raciales.
«Si me paran conduciendo por Texas y no llevo mi pasaporte estadounidense encima -nunca lo hago-, podrían detenerme únicamente basándose en mi apariencia física», lamentó el senador.
El presidente del BHCC indicó que «lo peor» de esta legislación es que las propias autoridades locales puedan ser multadas o, incluso, despedidas de su puesto de trabajo en el caso de que no sigan estas directrices.
Ambos cargos electos públicos coincidieron en apuntar que es el momento de «estar unidos» y hacer frente a los ataques que sufre la comunidad latina residente en todo el territorio estadounidense.
La legisladora estatal de Texas y miembro del consejo nacional, la demócrata Mary González, que también participó en la llamada, aseguró que esta ley es un problema nacional que enciende las alarmas de que ocurra lo mismo en otros estados.
Sin embargo, la representante estatal se mostró «orgullosa» de que numerosas ciudades texanas hayan interpuesto una demanda contra el estado sureño por esta ley y luchen por los derechos de los inmigrantes.
Austin, Dallas, Houston, San Antonio y El Paso, además de otras localidades menores y varios condados, presentaron un requerimiento judicial en un tribunal federal en San Antonio contra el estado de Texas y sus máximos responsables para que la norma no pueda entrar en vigor.
González comentó que lo que hace peligrosa a esta ley es una enmienda que se añadió a última hora, conocida como «muéstrame los papeles», que dijo «obliga a los policías locales a actuar como agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en vez de encargarse de crímenes reales».
En caso de que esta controversial ley entre en vigor, el número de deportaciones en ese estado podría aumentar de manera exponencial, según indicaron los demandantes durante los argumentos orales en la corte federal.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en sus primeros días en el cargo para retirar los fondos federales a las «ciudades santuario», aquellas que tienen regulaciones destinadas a proteger a los indocumentados de la deportación.
La medida, que afectaría a más de doscientas ciudades en toda la nación, se encuentra actualmente bloqueada por la Justicia estadounidense.
