El gobernador Andrew Cuomo, el alcalde Bill de Blasio y la fiscal general del estado, Letitia James, se oponen a la nueva regulación propuesta por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos que prohibiría que las familias con estatus migratorio mixto reciban asistencia federal para vivienda.
La regulación negaría a los ciudadanos y no ciudadanos elegibles de los EE. UU. su derecho a recursos para vivienda asequible y pública, inclusive los cupones de la Sección 8, que tendrían efectos inmediatos para casi 11.400 residentes de la Ciudad de Nueva York, incluidos cerca de 5.000 niños, según el Administración de Blasio.
«La administración Trump quiere dejar a los niños sin hogar y llamarlo política de inmigración», dijo de Blasio. «Esta regulación propuesta perjudicaría a algunos de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad… lucharemos en todo momento».
La Casa Blanca y el secretario de HUD, Ben Carson, dijeron que la propuesta extendería recursos para los beneficiarios elegibles y reduciría las listas de espera para los cupones de la Sección 8 y las viviendas públicas. Cuomo anunció una «respuesta sólida de múltiples agencias» a la propuesta de HUD que dice que tendría consecuencias devastadoras para los niños que son ciudadanos de los EE. UU., y son elegibles para recibir la ayuda.
«El cambio de política propuesto por el gobierno federal es cruel y causará daño a nuestros residentes más vulnerables, incluidos ancianos, veteranos, niños, personas con discapacidades y sobrevivientes de abuso doméstico», dijo Cuomo. «En Nueva York, sabemos que nuestra diversidad es nuestra mayor ventaja, y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras Washington continúa su ataque a nuestras comunidades inmigrantes».
Durante más de 30 años, las leyes que rigen la vivienda pública y las normas de HUD han priorizado la preservación de la unidad familiar, pero la nueva propuesta prohibiría que los miembros de la familia indocumentados residan en sus hogares. James explicó que en muchos casos, los miembros elegibles de la familia son niños, y estos menores no podrían vivir sin sus padres, lo que resultaría en el desalojo de familias enteras.
«Si se promulga esta regulación, la administración de Trump volverá a dividir familias, y esta vez, no será en la frontera, sino en nuestras comunidades», dijo James. “Amenazar con expulsar miles de niños de sus hogares y ponerlos en las calles es despreciable y revierte décadas de una política federal estándar y fundamentada. No nos quedaremos sin hacer nada mientras este gobierno continúa lanzando ataques discriminatorios contra los inmigrantes y penalizando a los estados que los acogen».
James encabeza a los 23 estados que se oponen a la nueva regulación y dice que podría dejar a más de 50.000 niños sin hogar en todo el país. Los Estados tendrían que asumir los significativos costos administrativos y sociales, si la regulación entra en vigencia.
Los proveedores de vivienda privada participarían menos en programas de vivienda subsidiada, responsabilizando a los estados de encontrar opciones de vivienda asequible adicionales y planificar los aumentos en las tasas de desalojo y falta de vivienda, advirtió James.
«Este regulación propuesta no tiene que ver con la imparcialidad o el control de los recursos públicos», dijo la Comisionada del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la ciudad, Louise Carroll. «Se trata de usarla como un arma contra la situación migratoria para expulsar de sus hogares a 25.000 familias de estatus mixto en todo el país».
-Traducción de Raquel Romero
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