La decisión de la Administración de Donald Trump de retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a nicaragüenses y aplazar seis meses su decisión sobre el de los hondureños no detendrá la lucha de los centroamericanos por lograr una residencia permanente, advirtieron hoy activistas.
«Estamos exigiendo al Congreso que actúe y además seguimos buscando vías legales para exigir al Ejecutivo que detenga el caos que se desatará al dejar a más de 300.000 personas en las sombras», en caso de confirmarse los peores augurios y se suspenda definitivamente los TPS a salvadoreños, nicaragüenses y hondureños, dijo a Efe Oscar Chacón, directos ejecutivo de Alianza Américas.
Tanto beneficiarios como activistas se mostraron decepcionados con la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de no continuar con las prórrogas de 18 meses con la que hondureños y nicaragüenses mantuvieron su estatus legal por casi 20 años.
El DHS decidió anoche cancelar el beneficio para 5.349 nicaragüenses, que tendrán un año a partir del 5 de enero del 2018 para preparar su regreso a su país de origen.
«Esto no es factible, no es real, estos inmigrantes no van a salir del país y dejar todo lo que han constituido en casi 20 años porque el Gobierno quiere. Pedirles eso es inmoral e inhumano», advirtió Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).
Mientras, la decisión sobre el TPS para Honduras, del que se benefician 86.163, fue aplazada seis meses, hasta el 5 de julio de 2018, por lo que el gobierno deberá pronunciarse de nuevo sobre su futuro antes de comienzos de abril próximo.
La incertidumbre de los hondureños ya la viven casi 60.000 haitianos, los primeros en recibir la extensión de tan sólo seis meses en mayo pasado, y el próximo 23 de noviembre el DHS debe emitir su decisión sobre la cancelación de su TPS.
Más de 260.000 salvadoreños también se encuentran en la incertidumbre. Los cuscatlecos tienen permiso de trabajo y licencias desde hace 16 años gracias al TPS, pero su amparo se vence el 9 de marzo del 2018, por lo que el anuncio de la prórroga debería darse antes del 5 de enero del próximo año.
Chacón junto a activistas de otras 30 organizaciones han presionado por la protección de estos inmigrantes desde principio se año cuando la Administración Trump expresó su idea de poner fin al beneficio.
Las esperanzas de ganar esta carrera contra reloj están puestas en el Congreso, al que la Casa Blanca volvió a transferir la responsabilidad de resolver un tema migratorio, como ya hizo con el programa Acción Diferida (DACA), que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados.
Pero sobre todo en conseguir el apoyo republicano para alguna de las dos propuestas que actualmente se barajan en la Cámara de Representantes para legalizar a unos 439.625 «tepesianos», como se conoce popularmente a sus beneficiarios.
El republicano Carlos Curbelo, junto a los demócratas Frederica Wilson y Alcee Hastings, todos congresistas de Florida, presentaron un proyecto que favorecería a todos los beneficiados que hayan vivido con el amparo por más de cinco años.
A esta iniciativa hay que sumar otra de la congresista demócrata de Nueva York, Nydia M. Velázquez, que junto a otros tres colegas de su partido presentó una iniciativa que protegería a los «tepesianos» de la deportación.
No obstante, los activistas saben que el reto de convencer a los republicanos es muy complicado.
«La administración está empujando una retórica racista que pretende favorecer solo a los blancos y reducir el número de personas de otra raza, y los republicanos favorecen esta idea», indicó Alvarado.
Los defensores de los «tepesianos» también están buscando vías legales para exigir al ejecutivo que busque una opción de legalización.
Chacón asegura que tanto centroamericanos como haitianos se ganaron el derecho de quedarse en el país por haber vivido más de cinco años de forma legal.
El argumento de los activistas ya fue usado en el pasado cuando la Administración del expresidente Bill Clinton (1993-2001) y el Congreso se vieron obligados en septiembre de 1997 a otorgar una vía a la residencia permanente a los salvadoreños amparados por el TPS a principios de la década de 1990.
Por su parte organizaciones como el Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes (ILRC) y sus abogados han dedicado sus esfuerzos a tranquilizar a la comunidad.
«Es muy pequeña la probabilidad de que el DHS inicie procedimientos de deportación contra los ‘tepesianos’. La gran mayoría de ellos podrá permanecer en el país al menos siete años, combatiendo sus casos en un tribunal de inmigración», advirtió Mark Silverman, miembro de ILRC.
