Un grupo de centroamericanos pidió al Gobierno federal que no elimine el Estatus de Protección Temporal (TPS), que en el caso de los salvadoreños protege a unas 200.000 personas y constituyen el grupo más grande beneficiado por este beneficio migratorio.
«Sería un desastre que el Gobierno decida terminar con el beneficio, así como lo hizo con los haitianos y nicaragüenses», dijo a Efe Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Angeles (ASOSAL), durante una concentración celebrada hoy a las afueras del Edificio Federal de Inmigración, en Los Ángeles.
Los activistas se congregaron aquí hoy, cuando se conmemora el 27 aniversario de la firma de la ley The Immigration Act, que dio origen al TPS, un beneficio que otorga el Ejecutivo a ciertos inmigrantes a los que les concede permisos de residencia y trabajo, debido a que no pueden regresar a sus países afectados por huracanes, terremotos y conflictos armados.
El Gobierno deberá manifestarse antes del próximo 9 de enero sobre la renovación o no del TPS para los salvadoreños, quienes se hallan en la incertidumbre luego de que se pusiera fin a este beneficio para los haitianos y nicaragüenses.
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Tejada aseguró que si el Gobierno toma la misma decisión y no extiende el TPS a los inmigrantes de este país, los estragos se sentirán en economías de ciudades como Los Ángeles, donde se asienta una numerosa comunidad de centroamericanos.
Una investigación del Centro de Estudios Migratorios reveló que cancelar el TPS generaría perdidas en el Producto Interno Bruto (PIB) de Florida, Nueva York, California, Texas, Maryland y Virginia.
Además, se estima que reemplazar a los trabajadores beneficiados con TPS le costaría a los empleadores millones de dólares, un tema que preocupa a los jefes de Gilma Aguirre, quien desde que le otorgaron el TPS en 2001 ha trabajado en el mismo lugar.
«Mi jefe me dice ‘no puedo creer que te vayan a quitar el permiso de trabajo, que podernos hacer para ayudarte'», indicó Aguirre, quién se unió a la vigilia.
Los activistas han querido llamar la atención sobre el problema de los «tepesianos», como se les conoce a estos inmigrantes, sin embargo, reconocen que los han dejado rezagados las campañas a favor de grupos más grandes y activos como los «soñadores», los beneficiados con la Acción Diferida (DACA).
«Ni el Gobierno de Trump, ni los congresistas nos quieren ver», se lamentó Tejada.
Otro gran problema que enfrentan los beneficiados del TPS es que al perder el amparo también verán esfumarse su retiro y su jubilación.
«Yo tengo 68 años, aunque aún trabajo ya tengo mi retiro, es poquito pero sin ese dinero no se como voy a vivir», manifestó la hondureña Domicila Alemán.
Una decisión de la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones favorece a algunos beneficiados con TPS que buscan regularizar su situación migratoria, pero para ello deben contar con una petición de un familiar que sea ciudadano estadounidense, una circunstancia a la que no todos pueden echar mano.
«Muchos aún tienen sus hijos pequeños, o simplemente no son elegibles, no podemos exponernos a regresar a El Salvador a miles de inmigrantes, el país va a colapsar y se verán obligados a regresar de forma indocumentada», insiste Tejada.
Hoy se lanzó una campaña en redes sociales a través de una serie de once vídeos que recogen los testimonios de amparados, quienes aseguran que perderán su trabajo, su casa y hasta sus propios hijos si pierden el amparo.
