El senador Brad Hoylman y la asambleísta Catalina Cruz están presentando un nuevo proyecto de ley que proporcionaría abogados gratuitos a los migrantes que enfrentan la deportación.
Mientras miles de seres humanos son enviados por todo el país como ganado y la ciudad se ve abrumada por el aumento en número de migrantes, las vidas de los solicitantes de asilo quedan a la deriva. Después de haber enfrentado lo inimaginable para llegar a Estados Unidos, solo para luego ser deportados, dos políticos buscan asegurarse de que puedan permanecer en el estado de Nueva York después de todo lo que soportaron.
Hoylman y Cruz buscan enmendar la Ley de Acceso a la Representación, lo que garantizaría que el estado ayude a todos los neoyorquinos que enfrentan la deportación, ya sean personas que llegaron recientemente al estado, o inmigrantes que han sido neoyorquinos durante décadas. Esta sería la primera ley en la nación para crear un derecho estatal a un abogado para las personas que se enfrentan a la deportación y que no pueden pagar la representación.
“Para un inmigrante que se enfrenta a la deportación, tener un abogado en su caso no es un lujo, puede ser una cuestión de vida o muerte. Puede ser la diferencia entre que alguien se quede en Nueva York o se separe permanentemente de su familia. Me enorgullece presentar la Ley de Acceso a la Representación enmendada, que brindará el debido proceso a todos los neoyorquinos y traerá algo de justicia a nuestro sistema de inmigración no funcional. Puede que el presidente Trump ya no esté en el cargo, pero todavía estamos lidiando con las consecuencias de las políticas fallidas de su administración, así como con los nuevos desafíos que resultan de las acciones desvergonzadas de los gobernadores de los estados fronterizos. Me complace trabajar con mi colega y copatrocinadora, la asambleísta Catalina Cruz, y me enorgullece contar con el apoyo de esta coalición amplia y diversa mientras luchamos juntos por esta legislación crítica”, dijo el Senador Hoylman.
La legislación propuesta se produce con el empeoramiento de la crisis humanitaria después de que una madre migrante se suicidara dentro de un refugio de Queens y la ciudad se prepara para establecer un Centro de Respuesta y Ayuda temporal en Orchard Beach en El Bronx. Con tantos en riesgo, a estas personas actualmente no se les garantiza el derecho a un abogado y, en cambio, sin los fondos para obtener representación, se enfrentarían solos a un abogado del gobierno.
La legislación cuenta con el respaldo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), Immigrant ARC y el Vera Institute of Justice en asociación con más de 100 organizaciones, proveedores de servicios legales y funcionarios electos, para hacer un llamado al estado de Nueva York para promover la representación universal y plena financiación de servicios legales y sociales para todas las personas que enfrentan la deportación en el estado.
“Nueva York debe contar con la infraestructura para apoyar a los solicitantes de asilo a medida que llegan a nuestro estado, así como a nuestros vecinos inmigrantes de largo plazo. Eso significa proporcionar abogados para mantener unidas a las familias. A medida que miles de inmigrantes en todo el estado se enfrentan a la deportación sin un derecho garantizado a un abogado, su capacidad para obtener una oportunidad justa ante la justicia disminuye considerablemente. Si nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestros seres queridos no pueden pagar un abogado, se ven obligados a luchar solos contra un complejo sistema de inmigración. En Nueva York, el debido proceso legal no debe ser un concepto opcional. Nuestro nuevo proyecto de ley busca corregir este error al garantizar que las promesas hechas por nuestra Constitución se brinden a todos, no solo a aquellos que pueden pagarlo”, expresó la asambleísta Catalina Cruz.
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