El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, se ha unido a otros 14 fiscales generales de Estados Unidos en una acción legal para proteger a las llamadas «ciudades santuario» de los recortes federales.
El Gobierno lleva meses imponiendo restricciones a las «ciudades santuario» que quieran beneficiarse de los fondos federales de un programa del Departamento de Justicia llamado Byrne JAG que reparte 375 millones de dólares anuales para seguridad pública.
Para acceder a esos fondos, el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, obliga a los entes locales a abrir sus cárceles a los agentes migratorios y a notificar con dos días de antelación la puesta en liberad de cualquier indocumentado bajo custodia.
En su escrito presentado en un tribunal federal de apelaciones de Chicago, los fiscales argumentan que estas restricciones interfieren con el derecho de los estados y los entes locales a establecer sus propias políticas de aplicación de la ley.
«La ley es clara. La Administración de Donald Trump no puede despojar a una ciudad o un departamento de policía de estos fondos críticos, simplemente porque no les gustan sus políticas», dijo en un comunicado el fiscal Schneiderman.
Junto a Nueva York, se han sumando a la iniciativa legal los fiscales generales de California, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Oregón, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.
Armas y Opioides
El programa Byrne JAG otorga fondos para iniciativas vitales de seguridad pública como los esfuerzos para reducir la violencia de las armas o el combate a la epidemia de opioides, y solo en el estado de Nueva York se recibieron 15 millones de dólares.
Pero con las restricciones impuestas por la Administración de Trump, ciudades como Nueva York, Albany o Rochester corren el riesgo de quedarse sin acceso a esos fondos que, en algunos casos, son vitales para proteger la seguridad pública.
«El presidente Trump y el Departamento de Justicia no tienen la autoridad para transformar unilateralmente a la policía estatal y local en agentes federales de inmigración», añadió el fiscal Schneiderman.
Las «ciudades santuario» están en el punto de mira del Gobierno, unas 200 entidades locales que protegen de la deportación a los inmigrantes, entre las que se incluyen las principales urbes del país como Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
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