Una coalición de estados y ciudades liderados por Nueva York demandó a la Administración del presidente Donald Trump «para detener los intentos de socavar el Servicio Postal y las elecciones presidenciales» del 3 de noviembre.
La acción legal fue presentada en la corte federal para el distrito de Columbia e incluye al Servicio Postal (USPS) y su director general Louis DeJoy, y pide que se dejen sin efecto todos los cambios que éste ha puesto en marcha en la agencia «porque son ilegales».
De acuerdo con los demandantes, durante las últimas semanas el USPS, bajo las directrices de DeJoy, un donante de Trump a quien el mandatario nombró el pasado junio en el cargo, ha comenzado a reducir las operaciones de esa agencia.
Argumentan al tribunal que esa acción «socavaría significativamente» la capacidad del USPA para manejar la gran cantidad de votos por correo que se esperan en estos comicios debido a la pandemia de COVID-19.
Destacan que esa desaceleración ya está teniendo impactos que amenazan la vida de los veteranos y ancianos que no están recibiendo sus medicamentos, así como económicos en los individuos que esperan sus pensiones y cheques de pago.
Trump ha emprendido una campaña de desprestigio contra el voto por correo a menos que sea por ausencia del votante, y ha llegado a decir que solo puede perder la elección de noviembre si esta es fraudulenta.
De acuerdo con Trump, el voto por correo es un desastre, ya que se «están mandando 51 millones de votos por correo a gente que ni siquiera los ha pedido», con lo que esta será «la elección más fraudulenta de la historia» de Estados Unidos.
El gobernante llegó a insinuar, sin pruebas, que este envío «indiscriminado» de votos es una estrategia de la oposición, al asegurar que por lo que ha «oído» es una práctica que se da «en áreas demócratas y no republicanas».
La demanda presentada elpor los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Hawái y las ciudades de Nueva York y San Francisco surge luego de que DeJoy testificara el pasado viernes ante el Senado federal y se negara a revertir las políticas que han ralentizado las operaciones del servicio de correo en toda la nación, indicó la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Entre esas acciones figuran la eliminación de buzones y máquinas clasificadoras de correo, la reducción de las horas extra del personal y la prohibición de viajes adicionales y tardíos para garantizar que el correo se entregue a tiempo y de forma coherente.
«Esta desaceleración del USPS no es más que una táctica de supresión de votantes», aseguró la fiscal general de Nueva York en una rueda de prensa.
«Sin embargo, esta vez estas acciones autoritarias no solo ponen en peligro nuestra democracia y el derecho fundamental a votar, sino la salud inmediata y el bienestar financiero de los estadounidenses en todo el país», afirmó.
Los demandantes alegan que esos cambios reflejan una desviación significativa de las normas de servicio del USPS, no se adhieren a sus obligaciones legales, no reconocen su papel histórico y crítico en la infraestructura del país y se producen en momentos en que debido a la pandemia los electores confían en el correo para recibir sus boletas electorales.
Ante las críticas que sus polémicos cambios han desatado, DeJoy declaró la semana pasada que frenará su instrumentación hasta después de las elecciones del 3 de noviembre.
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