La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, presentó este lunes una demanda junto a 19 Fiscales Generales de los Estados Unidos oponiéndose a la nueva regla de la Administración Trump que busca eludir el Acuerdo de Liquidación de Flores, que ha regido el tratamiento de niños bajo custodia de agentes de inmigración desde 1997.
En la queja presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, la coalición argumenta que la norma elimina varias protecciones importantes garantizadas bajo el Acuerdo de Flores y las leyes que le dieron origen.
La Fiscal General James presentó esta demanda junto a los Fiscales Generales de los estados de California, Massachusetts, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, y del Distrito de Columbia.
Los demandantes insisten en que la detención prolongada de niños permitida por la propuesta de Trump, causaría un daño irreparable a los menores, a sus familias y a las comunidades que los aceptan al salir de la custodia federal.
«Este caso se reduce al núcleo de quiénes y de lo que somos como nación, que durante mucho tiempo ha sido un firme defensor de los derechos humanos», dijo la Fiscal General James.
“La nueva regla de la Administración Trump es un rechazo preocupante de este ideal. No es aceptable detener a personas, especialmente a niños, en condiciones crueles que no satisfacen sus necesidades humanas básicas. No les permitiremos pisotear nuestros valores sin ninguna batalla”.
Consecuencias negativas
En la queja, la coalición alega que la propuesta de la Administración Trump interfiere con la capacidad de los Estados para ayudar a garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los niños al socavar los requisitos de licencias estatales para las instalaciones donde se encuentran detenidos estos menores.
La nueva regla daría como resultado la vasta expansión de los centros de detención familiar, que no son instalaciones autorizadas por el Estado y que históricamente han causado un mayor trauma en los niños. Esta iniciativa podría conducir a la detención prolongada de niños con consecuencias negativas para la salud a largo plazo.
Además, los Fiscales Generales argumentan que la regla viola tanto la Ley de Procedimiento Administrativo como la cláusula de un debido proceso judicial establecido por la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
El Acuerdo Judicial de Flores surge de una demanda colectiva presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California en 1985 en respuesta a condiciones de reclusión deficientes para niños inmigrantes no acompañados.
La demanda buscaba establecer estándares sobre cómo el gobierno federal debe manejar la detención de menores, incluyendo a la demandante Jenny Lisette Flores.
En particular, los demandantes expresaron importantes preocupaciones sobre las búsquedas o registros desnudos, lo que obligó a los niños a compartir viviendas y baños con adultos del sexo opuesto, y que los menores no podían ser entregados a tutores no-familiares, lo que lleva a la cruel detención prolongada de niños.
Después de un litigio tratado en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. y la Corte Suprema de EE UU., el gobierno federal finalmente llegó a un acuerdo con el abogado de clase en 1997, lo que resultó, entre otras cosas, en:
– Exigir la liberación de los niños «sin demora innecesaria» a sus padres, tutores legales, otros familiares adultos, u otras personas designadas por los padres / tutores o un programa con licencia dispuesto a aceptar la custodia legal de un niño.
– Niños colocados en el «entorno menos restrictivo» apropiado para la edad del menor y para sus necesidades especiales.
– El establecimiento de normas para condiciones seguras y sanitarias para los niños detenidos bajo custodia de las autoridades migratorias.
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