La Fiscal General del Estado, Letitia James, anunció que Allcare Homecare Agency, Inc., una compañía de asistencia médica a domicilio, con sede en Nueva York, pagará $450,000 en efectivo y beneficios a más de 100 trabajadores inmigrantes por robarles sus salarios, engañarlos y amenazarlos ilegalmente con denunciarlos a las autoridades migratorias para ser deportados, si se quejaban de las violaciones de sus derechos laborales.
El acuerdo proviene de la denuncia presentada por más de una docena de ex trabajadores de Allcare que alertaron a la Oficina de la Fiscal General del Estado (OAG, por sus siglas en inglés) sobre las prácticas ilegales de la compañía. Cada uno de estos trabajadores recibirá aproximadamente $8,000 por angustia emocional.
«Los proveedores de servicios de salud domiciliarios trabajan incansablemente para cuidar a nuestros seres queridos enfermos y ancianos, y merecen cada dólar que ganan», dijo la Fiscal General James.
“Intimidar a los neoyorquinos trabajadores con amenazas de deportación y represalias es tan inmoral como ilegal, y responsabilizamos a Allcare por esta conducta reprobable. Mi oficina continuará responsabilizando a los empleadores por violar las leyes laborales y promoverá la equidad y el respeto por los trabajadores neoyorquinos independientemente de su estatus migratorio”.
En una investigación realizada por OAG se descubrió que Allcare no pagó a los trabajadores adecuadamente como lo establece la Ley Laboral de Nueva York, la Ley de Paridad de Salarios para Trabajadores de Atención Domiciliaria de Nueva York, y la Ley de Horas de Enfermedad de Nueva York.
En particular, la investigación reveló que Allcare no pagó a los asistentes que trabajaban turnos de 24 horas por cada hora en servicio, y que tampoco ofreció los beneficios de ausencia pagada tal y como lo requieren las leyes.
La Fiscalía también descubrió que Allcare tomó represalias contra ciertos trabajadores inmigrantes al amenazarlos con llamar a las autoridades de inmigración cuando estos exigían el pago de sus sueldos robados, una violación de la Ley Laboral de Nueva York y la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York.
El caso fue remitido a la Oficina de la Fiscal General Estatal por la organización TakeRoot Justice (anteriormente llamada, The Community Development Project en el Urban Justice Center), y por la Movilización Nacional Contra los Talleres Clandestinos, (National Mobilization Against Sweatshops–NMASS).
“Elogiamos el liderazgo de la Fiscal General para proteger los derechos de los inmigrantes», dijo Tito Sinha, Abogado Supervisor de los Derechos de los Trabajadores en TakeRoot Justice.
“Lo más importante, agradecemos a estos trabajadores por su valentía al presentarse y luchar por sus derechos. Juntos, la Fiscalía Estatal, los trabajadores y sus defensores han enviado un fuerte mensaje hoy de que, en Nueva York, apoyaremos a los inmigrantes y lucharemos por la justicia social».
Respeten nuestros derechos
“Apreciamos la decisión de la Fiscal General de tomar este caso y que haya apoyado a las trabajadoras de cuidados domésticos en su lucha, sin represalias, para mejorar las condiciones de los pacientes y trabajadores”, dijo Sileni Martínez, una de las empleadas y organizadora de National Mobilization Against SweatShops (NMASS).
“Especialmente en este clima político, esperamos que la Fiscal General pueda continuar apoyando a los trabajadores para defender sus derechos y mejorar las condiciones laborales”.
“Agradezco a la Fiscal General y a todo nuestro grupo que está respaldando nuestros esfuerzos y acciones”, dijo Justa Barrios, una de las trabajadoras afectadas, con 18 años de experiencia.
“Es un trabajo difícil, pero lo hacemos con amor y respeto. El apoyo de la Fiscal General James nos ayuda y permite poder luchar por nuestros derechos, nuestro pago, mejores condiciones. Nosotros somos seres humanos. Tenemos familias, y estamos cuidando a personas con serios problemas y necesidades”.
“Agradecemos a la Fiscal General y a los otros trabajadores, que luchaban en defensa de lo mismo que nosotros: para que se nos respeten nuestros derechos”, dijo Nohemy Arriola, empleada de cuidados de salud domiciliarios.
“Este apoyo es importante para que todos nosotros, los trabajadores–sin importar qué tipo de trabajo hacemos, nuestra edad, raza, origen, o estatus migratorio, podamos luchar en defensa de nuestros derechos. ¡Deberíamos tener los mismos derechos de mejorar nuestras condiciones de trabajo”!
Además de la compensación monetaria, Allcare acordó trabajar con la Fiscalía Estatal para establecer políticas que cumplan plenamente con las leyes, teniendo en cuenta particularmente la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones de Nueva York en el caso Andryeyeva v. New York Health Care, Inc. sobre la compensación adecuada para trabajadores que laboraban turnos de 24 horas.
Los asistentes de salud domiciliarios de Allcare están entre los muchos que pasan horas incansables cuidando a ancianos y discapacitados en Nueva York. En todo el Estado, aproximadamente 200,000 asistentes brindan servicios de atención médica a domicilio cada día.
En el Estado de NY, más del 60 % de los asistentes de salud en el hogar son inmigrantes, y más del 90 % son mujeres. A pesar de la importancia vital de su trabajo, los asistentes de salud domiciliarios muy pocas veces ganan por encima del salario mínimo, y casi el 18 % de los asistentes en todo el Estado viven por debajo del nivel de la pobreza.
Los trabajadores inmigrantes son especialmente vulnerables al robo de salarios y a las represalias. Cada año, 6.5 millones de trabajadores indocumentados sufren robos de sueldos, mientras que el 85 % de los trabajadores inmigrantes reportan haber sufrido violaciones y la falta de pago de horas extras.
Sin embargo, a medida que se intensifica la retórica anti-inmigrante del gobierno federal, los empleadores disuaden a estos trabajadores de recuperar los salarios no pagados amenazándolos con consecuencias migratorias como una posible deportación.
En Nueva York, el Departamento de Trabajo ha impuesto al menos $250,000 en multas a los empleadores en los últimos tres años por hacer amenazas relacionadas con la inmigración.
En julio de 2019, tras numerosos informes creíbles de empleadores que amenazaban a los trabajadores inmigrantes de una posible deportación por defender sus derechos, el Gobernador Andrew Cuomo promulgó un proyecto de ley presentado por la Fiscal Estatal, el cual impone sanciones por actos de discriminación o represalias contra los empleados inmigrantes.
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