Casi un centenar de académicos en leyes y grupos activistas pidieron a la vicepresidenta, Kamala Harris, que ignore un obstáculo parlamentario e incluya la reforma migratoria en la ley de presupuesto que debe considerar el Senado.
Elizabeth MacDonough, una funcionaria apartidista a quien compete la interpretación de las reglas parlamentarias, ha rechazado dos veces las gestiones de los demócratas para que se incluya la inmigración en la ley presupuestaria de 3,5 billones de dólares que busca el presidente, Joe Biden.
Mientras que los congresistas republicanos argumentan que la inmigración no es un asunto que deba incluirse en una ley de presupuesto.
Los demócratas ocupan 50 curules en el Senado y los republicanos el mismo número, por lo cual el desempate quedan en manos de la presidencia del Senado, en este caso Harris.
Ciudadanía para millones
«Como ustedes saben la vicepresidenta cumple la función de presidenta (del Senado) cuando asiste a la sesión», escribieron los académicos en su mensaje dirigido también al jefe de la bancada demócrata Chuck Schumer, de Nueva York.
Por su parte, casi 60 organizaciones que abogan por los inmigrantes le enviaron una carta a Harris instándole a que «use su autoridad como presidenta del Senado para eludir la opinión de la ‘parlamentaria’, dejando la senda abierta para la inclusión de la ciudadanía para millones de personas».
«La vicepresidenta Harris tiene una oportunidad histórica y sin precedentes para despejar la senda a fin de que los demócratas cumplan, finalmente, con su promesa de un proceso para la ciudadanía» de los inmigrantes, dijo Ana María Archilla, del Centro para la Acción de Democracia Popular.
Los demócratas se proponen aprobar la ley de presupuesto mediante un trámite denominado reconciliación que, a diferencia del trámite regular, no requiere 60 votos para su aprobación sino solo 51.
La propuesta demócrata incluye legislación que abriría la senda a la residencia legal permanente y, eventualmente, la ciudadanía para unos 8,3 millones de inmigrantes que son indocumentados, o tienen visas temporales.
Entre estos grupos se encuentran los amparados por la Acción Diferida (DACA), el Estatus de Protección Temporal (TPS) y los trabajadores indocumentados que trabajan en la agricultura y sectores considerados «esenciales» durante la pandemia.
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