La congresista Debbie Mucarsel-Powell y 326 grupos proinmigrantes pidieron a la nueva Cámara de Representantes que aproveche la mayoría demócrata para aprobar un proyecto de ley destinado a proteger a los «soñadores» y a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Las asociaciones piden que esa iniciativa sea aprobada en los 100 primeros días de actividad de la nueva Cámara Baja, que será inaugurada el 3 de enero de 2019.
En una rueda de prensa telefónica, Cristóbal Alex, presidente del grupo Latino Victory Project, explicó que el objetivo es «enviar un mensaje» a los demócratas, que el 6 de noviembre arrebataron a los republicanos la mayoría en la Cámara de Representantes después de ocho años.
«Los abogados han estado litigando los casos en las cortes, pero ahora es hora de que el Congreso dé un paso adelante y apruebe legislación que proteja permanentemente a los demócratas y a los beneficiarios del TPS», consideró Alex.
Durante el último año, el Gobierno del presidente, Donald Trump, ha quitado el TPS a 195.000 salvadoreños, 50.000 haitianos, 55.000 hondureños y 5.000 nicaragüenses que desde hacía décadas vivían y trabajaban en EE.UU. gracias a ese permiso que, en principio, tenía un carácter temporal.
El Ejecutivo dio a esos grupos de «tepesianos» entre 12 y 18 meses para regresar a su país o regularizar su estatus migratorio mediante la solicitud de algún tipo de visado.
Sin embargo, el pasado 3 de octubre, un tribunal federal con sede en San Francisco bloqueó temporalmente las cancelaciones de TPS que había decretado Trump para Nicaragua, El Salvador, Haití y Sudán.
En cumplimiento con esa orden, el Ejecutivo amplió de manera automática ese permiso migratorio durante seis meses, hasta el 2 de abril de 2019; pero aún no ha establecido qué ocurrirá con los beneficiarios después de esa fecha, por lo que la incertidumbre continúa.
Durante la conferencia de prensa, Alex pidió a los legisladores que tengan empatía con los receptores del TPS, puesto que la mayoría han vivido en el país durante al menos 20 años, han comprado una casa aquí, abierto negocios e incluso criado a sus hijos.
En concreto, los beneficiarios de El Salvador, Haití y Honduras han tenido unos 273.200 hijos con ciudadanía de EE.UU., de los que 192.700 nacieron de padres salvadoreños, 53.500 de hondureños y 27.000 de haitianos, según un estudio publicado en 2017 por el Centro para los Estudios sobre la Migración, un laboratorio de ideas no partidista.
Además, la demócrata de origen ecuatoriano, Debbie Mucarsel-Powell, que llegará al Congreso en enero, consideró que su grupo parlamentario tiene la obligación de encontrar una solución para los miles de jóvenes indocumentados que llegaron a EE.UU. de niños y que son conocidos como «dreamers» (soñadores).
«Esos jóvenes inmigrantes han llamado a este país su casa desde que eran pequeños y no conocen otro lugar, son parte de nuestras comunidades y han contribuido a nuestra economía», subrayó.
Esos jóvenes fueron protegidos de la deportación en 2012 cuando el entonces presidente Barack Obama (2009-2017) proclamó el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia); pero Trump determinó que ese amparo debía expirar el 5 de marzo de este año si el Congreso no llegaba a un acuerdo sobre inmigración.
El Parlamento, entonces en manos republicanas, no llegó a ningún acuerdo, pero DACA no llegó a expirar porque dos jueces, uno de Nueva York y otro de California, obligaron al Ejecutivo a mantenerlo vivo y a seguir aceptando solicitudes para renovar sus beneficios.
Los grupos argumentan que, aunque de momento DACA sigue vigente, «la Administración se está moviendo muy rápido para acabar con esos fallos» judiciales y, por eso, los demócratas deben dar prioridad a la aprobación de una proyecto de ley migratoria en sus primeros cien días para que, luego, sea debatida en el Senado.
La carta está dirigida a la demócrata Nancy Pelosi, que aspira a presidir la Cámara de Representantes después de la victoria en los comicios legislativos.
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