La líder de la minoría legislativa del condado de Nassau, Delia DeRiggi-Whitton, pidió una investigación inmediata por parte de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, sobre el supuesto uso indebido de dinero de los contribuyentes por parte del ejecutivo del condado de Nassau, el republicano Bruce Blakeman.
La solicitud de la demócrata DeRiggi-Whitton surge en respuesta a las revelaciones de que el ejecutivo Blakeman gastó más de $100,000 del dinero de los contribuyentes en un folleto para todo el condado que parece servir como publicidad política para el congresista Anthony D’Esposito.
El correo, que aborda la llamada «crisis migratoria», es visto ampliamente como un intento apenas disimulado de reforzar la campaña de reelección del congresista D’Esposito contra la ex supervisora del Town de Hempstead, Laura Gillen, en una de las contiendas federales más disputadas del país. DeRiggi-Whitton condenó el correo como un mal uso flagrante de los recursos públicos para obtener beneficios políticos.
«Esto es una clara violación de la confianza pública», dijo DeRiggi-Whitton. «Los fondos públicos están destinados a servir a los residentes del condado de Nassau, no a ser utilizados como un tesoro político. El mal uso repetido del dinero de los contribuyentes por parte del ejecutivo del condado Blakeman con fines políticos no puede y no será tolerado».
«Esta no es la primera vez que el ejecutivo de Nassau ha sido criticado por mal uso de los recursos públicos». DeRiggi-Whitton señaló que Blakeman ha gastado anteriormente fondos públicos en correos que atacaban a oponentes políticos, incluida la gobernadora Kathy Hochul, sobre temas como la financiación del Nassau University Medical Center.
«El ejecutivo del condado Blakeman tiene un historial preocupante de usar el dinero de los contribuyentes para promover su agenda política», agregó DeRiggi-Whitton. «Este patrón de mala conducta debe investigarse a fondo y, si se confirma, es imperativo que los responsables rindan cuentas».
El uso de recursos públicos para fines políticos está estrictamente prohibido por la ley del estado de Nueva York. La Sección 74 de la Ley de Funcionarios Públicos de NY prohíbe a los funcionarios usar sus puestos para asegurar privilegios injustificados para sí mismos o para otros.
Además, la Sección 107 de la Ley de Servicio Civil del Estado de Nueva York prohíbe el uso de fondos públicos para publicidad y actividades políticas.
DeRiggi-Whitton ha solicitado formalmente que la Fiscal General, James, inicie una investigación inmediata sobre el asunto. Se proporcionaron copias de los folletos en cuestión como anexos en la carta enviada a la oficina del Fiscal General.
«Nuestro deber como funcionarios públicos es servir al pueblo, no a nuestras ambiciones políticas», concluyó DeRiggi-Whitton. «Confío en que la Fiscal General tomará las medidas necesarias para garantizar que se haga justicia», remarcó.
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