Legisladores demócratas, activistas y expertos en inmigración elogiaron la decisión del Gobierno del presidente Joe Biden que pone fin, a partir del 23 de mayo, al uso de la norma sanitaria conocida como Título 42 para expulsar a migrantes de forma expedita.
Por su parte, el Comité Nacional del Partido Republicano (RCN) repudió la decisión y sostuvo que «Biden está redoblando su compromiso de empeorar activamente la crisis que él mismo creó».
La crisis en torno al Título 42 comenzó hace dos años cuando el gobierno del entonces presidente republicano Donald Trump, en el comienzo de la pandemia de la COVID-19, recurrió a la norma sanitaria para expulsar a inmigrantes que llegaban a la frontera.
Y la Administración del demócrata Biden continuó aplicando la medida, que ha llevado a la expulsión expedita de más de 1,7 millones de inmigrantes.
En un comunicado emitido los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron que no existe la emergencia de salud que había hace dos años, y que se cancelará el recurso del Título 42 a partir del 23 de mayo.
El Caucus Hispano del Congreso (CHC), integrado actualmente sólo por legisladores demócratas, declaró que «es un momento brillante en la historia de nuestra nación con el fin de la política del Título 42 iniciada por Trump».
«El CHC pidió repetidamente el fin de esta política, que fue alimentada por la agenda de odio y miedo antiinmigrante de Trump que utilizó la pandemia como excusa para negar a los solicitantes de asilo su derecho al debido proceso legal», dijo el representante federal y presidente del Caucus, Raúl Ruiz.
Añadió que «la pandemia se ha desacelerado, hay protocolos efectivos para pruebas y cuarentena, y las vacunas están fácilmente disponibles».
«Poner fin a la política del Título 42 de la era de Trump significa que todas las personas que huyen para salvar sus vidas, ya sea de un dictador ruso o de los cárteles de droga, tendrán su derecho al debido proceso legal y sus casos serán escuchados para obtener el estatus de protección de asilo sin temor a ser devueltos a los mismos peligros de los que huyeron», señaló.
En tanto, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que había entablado una demanda contra el Gobierno Biden pidiendo el fin de la práctica, también aplaudió la decisión.
Lee Gelernt, abogado principal en esta demanda, sostuvo que una reducción sustancial de las expulsiones puede y debe comenzar de inmediato «para que no se destrocen más vidas». «Usar las leyes de salud pública como sustituto de la política de inmigración nunca estuvo justificado», acotó.
Una alta funcionaria del gobierno afirmó en una llamada con periodistas que toda la Administración Biden se está coordinando para «estar preparados ante cualquier aumento potencial de llegadas en la frontera que resulten de la terminación del Título 42».
Subrayó que, a partir del 23 de mayo, los adultos indocumentados que entren a Estados Unidos de manera irregular serán «expulsados» mediante el Título 8, la normativa migratoria vigente antes de la pandemia.
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