Aseguran que no pueden seguir viviendo bajo la incertidumbre y la angustia, recuerdan que han trabajado durante décadas en el país y denuncian que si su Estatus de Protección Temporal (TPS) se anulase miles de familias quedarían divididas u obligadas a volver a países que no son seguros.
Este martes varios centenares de beneficiarios de TPS, muchos de ellos provenientes de las áreas de Long Island y Nueva York, llenaron las calles de Washington para reivindicar una solución permanente a su situación en el país que les permita dejar de ser una moneda de cambio en las negociaciones entre los políticos de la capital estadounidense.
«Estamos cansados de que nos vean como delincuentes y no lo somos. Somos personas trabajadoras, luchadoras, no estamos robando nada, tenemos casa, familia y pagamos impuestos», denunció Sinia Recinos, congregada junto a centenares de personas en las inmediaciones del Capitolio de Washington.
A Recinos le acompañó su hijo Jerry. Él nació en California y es ciudadano, no como su madre, quien llegó con ocho años a la costa oeste hace ya más de dos décadas, cuando sus padres huyeron de la violencia que asolaba El Salvador y se acogieron al TPS que ofrecían las autoridades.
Bajo esa protección Sinia construyó, como muchos otros, una vida y una familia que ahora podría acabar y dividirse si su estatus legal queda anulado y tiene que regresar sin su hijo a su país de origen.
«Nos dieron hasta tarjetas de crédito e hipotecas para las casas y ahora… ¿Qué va a pasar?», cuestiona Sinia.
El TPS fue un programa migratorio creado en 1990 con el que el país concedía permisos de residencia a los ciudadanos de lugares afectados por conflictos bélicos, víctimas de violencia o desastres naturales.
Pero el Gobierno de Donald Trump decidió revaluar las condiciones que justificaron la concesión del programa y dejó a más de 400.000 inmigrantes con una incógnita sobre su futuro que, entre decisiones judiciales y discursos políticos, aún no se ha resuelto.
Por ello, la Alianza Nacional del TPS, un grupo que lucha por los derechos de estos inmigrantes de trece países diferentes, organizó esta manifestación por las calles de la capital del país con el objetivo de que los legisladores aprueben una ley que les otorgue la ciudadanía o residencia definitiva.
Y a pesar de las dificultades parece que las cosas avanzan en la dirección positiva, pues varios congresistas acompañaron hoy a los representantes de la Alianza y anunciaron que se reunirán con ellos durante esta semana para poner esta cuestión entre las prioridades de la agenda política.
Una de las nuevas representantes, la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez se unió a los manifestantes frente a la Casa Blanca.
¡Tenemos que asegurarnos de que todos los beneficiarios de TPS se convierten en residentes permanentes aquí, en Estados Unidos!», exclamó la congresista.
«Estamos luchando por un principio progresista que dice que la gente que ha construido este país debe quedarse aquí», agregó la legisladora con padres de origen puertorriqueño.
Además, decenas de titulares de TPS y sus familias, junto con organizaciones comunitarias de todo el país, se reunirán en Washington DC esta semana para hablar con los miembros del Congreso sobre las duras realidades que afrontan, con permisos de trabajo cancelados, separación de familias y el constante riesgo de la deportación.
Así, el 14 de febrero se realizarán varias reuniones con representantes políticos después de la «Marcha por la Justicia» del martes en la que han dejado claras sus intenciones.
«Es hora de que los legisladores pongan fin a los constantes ataques y protejan a los inmigrantes», recordó Vanessa Velasco, de la organización CARECEN de San Francisco, que ayuda a los inmigrantes latinos en su proceso de adaptación.
Otro padre de familia, Concepción Morales, residente en el estado de Maryland, resumió la intención detrás de todas las actividades de esta semana: «Yo vine aquí hace años en busca de un futuro próspero, hice mi propio sueño americano y ahora me lo quieren tronchar.»
«Pero ahora nos van a escuchar y se van a poner a trabajar en una ley que nos ampare a todos», clamó.
