Beto O’Rourke, aspirante a la candidatura presidencial demócrata para las elecciones de 2020, presentó su plan de inmigración, que contempla una vía «inmediata» para otorgar la ciudadanía a los «soñadores» y a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
El programa de O’Rourke otorgaría la ciudadanía a 11 millones de indocumentados «de una forma más eficiente» y priorizará la reunificación de familias separadas, aseguró su equipo de campaña en un comunicado.
«Este plan innovador supera a toda una generación de inacción para reescribir finalmente nuestras leyes de inmigración de acuerdo con nuestra propia imagen», sostuvo O’Rourke.
Entre sus compromisos, el excongresista por el estado de Texas aseguró que desde el primer día de su hipotética Presidencia intentará «poner fin a las políticas crueles y cínicas que crean caos» en las fronteras y comunidades.
«Originario de una ciudad de inmigrantes (El Paso, Texas), he visto las increíbles contribuciones de los inmigrantes a nuestras comunidades y economías locales», explicó su campaña en el comunicado.
El proyecto promete reunir a las familias de inmigrantes que han sido separadas por los atrasos en la concesión de visados, ya que «la unidad familiar será una prioridad» para su Administración.
Con su programa, O’Rourke anularía la política llevada a cabo por la Administración del presidente, Donald Trump, de devolver a los solicitantes de asilo en la frontera sur a México mientras esperan a que sus reclamos sean gestionados.
Según la campaña, la iniciativa aumentaría la dotación de personal en el sistema de asilo, con hasta 2.000 abogados más en la frontera.
También reactivaría el Programa para Menores Centroamericanos, que permitiría a los menores, cuyos padres habitan en el país solicitar el estatus de refugiado desde sus lugares de origen.
«Finalmente, el plan de O’Rourke fortalecería nuestra colaboración con los vecinos del hemisferio occidental», avanzó la campaña.
«Debemos centrarnos en apoyar la democracia y los derechos humanos -explicó-. Y en trabajar para reducir la violencia, porque la única vía para tener seguridad regional pasa por una América Latina más democrática y próspera».
La semana pasada otro aspirante demócrata, Julián Castro, anunció su plan de inmigración, que modificaría el tipo de delito asociado al cruce ilegal de la frontera, que ahora se considera un acto criminal.
«Durante mucho tiempo en este país, en realidad, el cruce de la frontera no fue considerado un acto criminal. Fue tratado como una falta civil», explicó Castro.
El TPS fue creado en 1990 y a través de él se concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) protege a sus beneficiarios, conocidos como «soñadores», de la deportación.
La Administración de Donald Trump ha intentado acabar con ambos amparos migratorios pero varios tribunales han fallado en contra de esos intentos.
