El Gobierno rechazó ampliar el plazo que tienen los jóvenes indocumentados, conocidos como «soñadores», para renovar su inscripción en el programa migratorio DACA a pesar del impacto de tres poderosos huracanes en el último mes.
En una audiencia en el Congreso, la secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke, aseguró que no habrá cambios en el límite del 5 de octubre que el Gobierno dio a los «soñadores» para renovar sus inscripciones al programa, lo que les permitiría seguir protegidos durante dos años más.
El presidente, Donald Trump, anunció el 5 de septiembre el fin del plan de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero dio seis meses al Congreso, hasta el 5 de marzo de 2018, para aclarar la situación de los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños.
Ese programa ha permitido a 800.000 jóvenes frenar su deportación y obtener un permiso de trabajo temporal.
Recientemente, un grupo de 38 senadores demócratas pidió al Departamento de Seguridad Nacional que ampliara el plazo más allá del 5 de octubre, pues muchos jóvenes podrían tener difícil rellenar los formularios necesarios debido al impacto de los huracanes Harvey, Irma y María.
Esos huracanes han azotado con fuerza a Puerto Rico, Luisiana, Florida y Texas, estados estos dos últimos con una gran cantidad de población hispana.
«No hemos recibido ninguna notificación sobre que los desastres hayan afectado al proceso», aseguró Duke, quien admitió que el pago de una cuota de 495 dólares para renovar la inscripción a DACA puede ser difícil para algunos jóvenes.
Duke consideró que DACA, proclamado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama, es «un programa inconstitucional que deja en el limbo por dos años» a los jóvenes indocumentados y expresó su deseo de que el Congreso cumpla con la petición de Trump y encuentre una solución permanente.
No obstante, el Legislativo se encuentra actualmente dividido entre los demócratas, unidos para regularizar la situación de los «soñadores», y la mayoría de los republicanos, que condicionan su ayuda a la obtención de fondos para reforzar la seguridad en la frontera.
El Congreso se planteó, por primera vez, la situación de los «soñadores» en 2001 con el «Dream Act» y, en 2013, estuvo cerca de regularizar su situación mediante una reforma migratoria, que finalmente no fue aprobada.
