La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una de las principales organizadoras de la disputa legal contra la política migratoria de «tolerancia cero», reclamó a las autoridades federales el listado de las familias reunificadas para garantizar la asesoría en el proceso migratorio.
Esta medianoche se cumple el plazo dado por el juez Dana Sabraw para devolver a más de 2.500 menores separados de sus padres en la frontera con México, como resultado de la presión migratoria establecida por el Gobierno del presidente Donald Trump.
El subdirector y abogado principal en esta materia para ACLU, Lee Gerlent, explicó en una conferencia de prensa que el propósito de esta organización es actuar «lo más rápido posible» para paliar las consecuencias de esta «dramática» situación.
Por el momento, el activista confirmó que ningún representante de la Administración se ha puesto en contacto con ellos.
El Departamento de Justicia reveló que solo 1.634 padres son «elegibles para la reunificación», y en estos momentos poco más de 1.000 ya están junto a sus hijos.
«Claramente no se conseguirá una reunificación total, solo pedimos que sea lo más rápido posible y de forma transparente. Nuestro objetivo es que todos los niños vuelvan con sus familias», matizó Gerlent, refiriéndose a la dimensión real del problema.
El Gobierno alegó que 917 padres «no son elegibles», de los cuales 463 han sido deportados a sus países de origen, 324 están siendo sometidos «a revisión por razones de seguridad» y 130 renunciaron a la reunificación.
Caos y crueldad
En estos casos, la ACLU afirma que algunos padres no entendieron que estaban renunciando a sus derechos, ya que muchos reciben el documento en inglés pese a que hablan español o incluso solo pueden comunicarse en sus lenguas indígenas.
Por ello, además de la necesidad de obtener dicho listado, la organización defensora de los derechos civiles pide que las familias recién reunificadas tengan al menos siete días para analizar sus opciones, tras detectar casos en que los inmigrantes se ven forzados a tomar decisiones apresuradas o mal informadas.
«Las familias no han tenido la oportunidad de decidir qué hacer con su futuro, si continúan con el largo proceso de petición de asilo, que harán con los niños en caso de que no puedan seguir juntos, es algo muy difícil de decidir cuando llevan separados varios meses», comentó el abogado.
En esta línea, la organización defensora de los derechos civiles Texas Civil Right Project (TCRP), una de las más activas en la frontera con México, denunció «el caos y la crueldad» con la que las instituciones federal desarrollan su agenda migratoria, en especial, en el proceso de reunificación.
En un comunicado, la TCRP relató cómo las asociaciones sin ánimo de lucro en la frontera de Texas se han visto «obligadas» a llenar el vacío del Gobierno, que se limita a «dejar a las familias en las puertas de sus casas sin nada más que la ropa que llevan puesta».
El director de Justicia Racial y Económica de la TCRP, Efrén Olivares, ahonda en la complejidad de la situación de estas familias que, en ocasiones, permanecen de forma indefinida en centros de detención para inmigrantes.
«La salud y el bienestar de los niños continúan en riesgo; y además los solicitantes de asilo seguirán traumatizados tras pasar por esto, lo que ahuyentará a otros que tienen el derecho legal de buscar su seguridad», concluyó Olivares.
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