Las cortes de inmigración registran una demora de 746.000 peticiones de asilo pendientes, una cantidad que supone un retraso récord y que ha crecido paulatinamente desde 2010, de acuerdo a un estudio presentado por el Instituto de Política Migratora (MPI, en inglés).
«En los últimos años, una confluencia de factores ha llevado a un gran y creciente retraso de casos de asilo, con muchos solicitantes esperando años para que una decisión sea tomada. Esto perjudica a los elegibles para la protección», explicó en la presentación del informe Faye Hipsman, una de las autoras principales.
Entre los 746.000 casos pendientes en los tribunales de inmigración, un 30 % son peticiones de asilo «defensivas», es decir, realizadas por inmigrantes que se encuentran en territorio estadounidense y que han recibido una orden de deportación.
Para elaborar el informe, el centro utilizó datos que abarcan hasta julio de 2018 y que fueron facilitados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia.
El tiempo de espera actual para una revisión inicial de los méritos de una solicitud de asilo supera los dos años, y puede llegar a ser de hasta cinco, pese a que la ley requiere que este proceso se lleve a cabo en un máximo de 180 días, según los hallazgos del MPI.
Para Hipsman, esta «importante» demora tiene una serie de efectos adversos: hace que los solicitantes de asilo sean «más vulnerables», al impedir que aquellos que son elegibles para la protección puedan obtenerlo, y «socava la integridad del régimen de asilo».
Además, debido a que a los solicitantes de asilo se les permite permanecer en el país mientras se resuelven sus reclamos y, si no se llega a una decisión en el plazo de 180 días, se les otorga una autorización de trabajo, este tiempo de espera «puede crear incentivos para que personas lo soliciten sin necesitarlo», dijo la experta.
La directora del programa de política migratoria del MPI, Doris Meissner, también autora del estudio, explicó que parte de la culpa de esta dilación se debe al incremento de peticiones de asilo.
«Este crecimiento se debe, en parte, a la extrema inseguridad en el Triángulo Norte de Centroamérica. En los últimos años, las tasas de homicidios en estos países han estado entre las más altas del mundo, con puntos violentos en zonas urbanas y rurales», argumentó Meissner.
Asimismo, destacó las crisis políticas que se viven en Venezuela y en Nicaragua como razones del aumento de la llegada de personas de esas naciones.
Para intentar paliar esta crisis en el sistema, el fiscal general, Jeff Sessions, aseguró en junio que quienes busquen asilo por violencia doméstica o de bandas criminales no podrían acceder a esta protección.
Además, la Administración del presidente, Donald Trump, implementó la política de «tolerancia cero» en la frontera entre abril y junio, que ocasionó la separación de más de 2.500 familias en el linde.
«No creemos que esta sea una buena manera de atajar el problema», señaló Alexander Aleinikoff, otro de los autores del estudio.
Entre otras recomendaciones, el MPI propuso restaurar la puntualidad en los nuevos casos, enviar los casos considerados «claros» a la sección de asilos sin pasar por la corte de inmigración y establecer unas pautas claras de detección de miedo creíble.
«Estados Unidos necesita rescatar y fortalecer su sistema de asilo, de modo que los procesos implementados para respaldar su misión y propósito estén mejor alineados con los desafíos de migración que han surgido en los últimos años y es probable que persistan en el futuro», concluyeron los autores.
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