El programa DACA cumplió 7 años de su implementación en medio de llamados para que los beneficiados renueven el beneficio antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie en una querella contra la Administración de Trump por acabar el programa.
La estrategia entre los activistas se basa en empujar al mayor número de «soñadores», como se llama a los beneficiados de DACA, a que renueven el amparo, incluso aquellos que cuentan con 6 meses de vigencia de sus permisos de trabajo.
«Tenemos que ganar el mayor tiempo de protección posible, y evitar posibles demoras de las autoridades de inmigración en el tramite», dijo Sheridan Aguirre, vocero de United We Dream.
Aguirre opina en base a su propia experiencia, ya que este joven de origen mexicano se quedó 8 meses sin el permiso de trabajo que trae consigo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) por un problema en la dirección a la que le enviaron el documento.
«Decidí no manejar, ni exponerme a tener un contacto con las autoridades locales o de inmigración porque nunca sabes a quién tienes que convencer de que estás protegido por el amparo», confesó el soñador que vive en Austin (Texas).
Los llamados para renovar DACA se dieron por todo el país. En Los Ángeles, California, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) lanzó la campaña «Renew DACA Now» («Renueva DACA ahora»).
«Aunque el futuro parezca muy inestable seguiremos renovando DACA, porque como soñadores nosotros somos la prueba de una victoria contra el odio y la ignorancia», dijo Jesús Villalba, uno de los voceros de la campaña en una rueda de prensa.
Para Dulce García, quién encabeza una de las demandas que escuchará el Supremo a partir de noviembre próximo es imperioso que los «soñadores» mantengan el beneficio, incluso en estados como California, que se ha declarado santuario de inmigrantes.
García, que vive en la ciudad de San Diego, al sur de este estado, y forma parte de la organización de Ángeles de la Frontera, dice que las barreras para los indocumentados en esa área se han incrementado, e incluso hay casos en los que no se les ha permitido rentar una vivienda.
El abogado de inmigración y «soñador» Luis Cortes resalta que las directrices para restringir el acceso a DACA de la administración no han cambiado.
Pone como ejemplo el caso del joven mexicano Daniel Ramírez Medina, considerado como el primer «soñador» detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por supuestas afiliaciones con pandillas en febrero de 2017.
Cortes, que ha representado a Ramírez todos estos años, relató a Efe que a pesar de que un tribunal ordenó al gobierno federal regresar el amparo al joven, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) le negó la renovación alegando que ha cometido varias violaciones de tráfico, infracciones que no deben afectar las renovaciones de DACA, según el jurista.
«Tenemos los correos electrónicos en los que USCIS dice que no deberían negar la renovación de DACA a Ramírez, pero ICE dice que es su prioridad, y por esto le negaron el beneficio», señala Cortes.
El caso de Ramírez regresará en las próximas semanas a un tribunal federal en Seattle, en el estado de Washington, para exigir que se renueve el amparo al mexicano.
«La lucha de Ramírez por más de dos años debería inspirar a todos aquellos que tienen el beneficio a renovar y ponerse de pie para respaldar esta lucha», opinó el abogado, que está protegido con el programa desde 2013.
El amparo para cerca de 700.000 jóvenes beneficiados con este programa empezará a ser estudiado a partir del próximo 12 de noviembre, cuando el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, empiece a escuchar los argumentos de ambas partes en una demanda interpuesta contra la Administración de Donald Trump por poner fin a DACA.
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