
Opinión : Terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento socavaría los valores fundamentales estadounidenses
Introducción
Mientras la administración Trump considera poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una política consagrada en la Decimocuarta Enmienda durante más de 150 años, las implicaciones van mucho más allá de la inmigración.
Este pilar de la identidad y la igualdad estadounidense enfrenta un desafío significativo, lo que plantea profundas preocupaciones legales, sociales, económicas e internacionales.
Implicaciones Legales
La adquisición automática de la ciudadanía estadounidense por parte de los niños nacidos en territorio estadounidense ha sido respaldada por los tribunales durante generaciones.
Restringirla requeriría una enmienda constitucional o una reinterpretación drástica de la Cláusula de Ciudadanía, lo que podría desestabilizar otras protecciones legales.
Además, los niños a quienes se les niegue la ciudadanía podrían quedar apátridas, despojándolos de derechos fundamentales y creando una clase permanente desfavorecida dentro de las fronteras de EE. UU.
Consecuencias Sociales
Esta política corre el riesgo de reforzar la xenofobia y profundizar las divisiones sociales.
Los niños nacidos de padres indocumentados podrían enfrentar estigmatización, acceso restringido a servicios públicos y daño psicológico, lo que agravaría los desafíos ya enfrentados por las familias de estatus mixto.
Impactos Económicos
Económicamente, restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento dificultaría el crecimiento de la fuerza laboral y reduciría las contribuciones a largo plazo a la economía estadounidense. Además, la política impondría un costo administrativo significativo a hospitales y agencias gubernamentales, lo que recargaría a los contribuyentes.
Ramificaciones Internacionales
Este cambio empañaría la reputación global de América como un faro de oportunidad e igualdad, tensionando las relaciones con los países que se ven más afectados por la inmigración.
Conclusión
En lugar de erosionar un pilar de la estabilidad constitucional y social, los legisladores deberían centrarse en una reforma migratoria integral que esté alineada con los valores estadounidenses de igualdad, oportunidad y justicia.
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Maribel A. Pizá es abogada de inmigración con sede en Ft. Lauderdale, Florida. Se especializa exclusivamente en Derecho de Inmigración y se dedica a defender políticas que promuevan la justicia y la equidad. Puede contactarla al (954) 367-6492 o maribel@maribelpizafl.com.
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