La Administración federal estima que le puede tomar hasta 2 años identificar a unas miles de familias migrantes adicionales que fueron separadas en la frontera, según señalaron en un documento judicial.
En un escrito remitido a una corte federal de San Diego, California, los abogados del Gobierno señalaron que han implementado una estrategia, a base de análisis estadístico e incluso manual, para identificar a miles de familias que fueron separadas antes de la política de «tolerancia cero» contra la inmigración ilegal, de cuya implementación se cumple un año.
El gobierno adelantó que le tomará «por lo menos 12 meses y posiblemente hasta 24» acabar con la labor, debido a que los menores ya no se encuentran bajo su custodia y que no hay registros de familias separadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) antes de abril del año pasado, cuando se anunció la política de «tolerancia cero».
Para acelerar el proceso recurrirán a «conocimiento programático, análisis de registros y ciencia estadística» para identificar a los niños que fueron separados de sus padres y son elegibles para reunificación, según consta en el reporte ingresado a la corte el pasado viernes.
El plan del Gobierno responde a un mandato emitido el pasado mes por el juez federal Dana Sabraw, quien ordenó al Gobierno identificar y reunir a los «posiblemente miles» de menores indocumentados incluidos en un reporte del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), según el cual la práctica de separar familias empezó desde julio de 2017, es decir antes de la aplicación de la política de «tolerancia cero».
Los abogados de la Administración habían señalado que identificar a ese numeroso grupo sería difícil y pesada de realizar, además de que representaba un gasto considerable de recursos.
2.800 menores separados
En junio del año pasado, Sabraw emitió un mandato que bloqueó la separación de familias en la frontera entre Estados Unidos y México, y ordenó a la Administración federal a que reúna con sus padres a unos 2.800 menores indocumentados que hasta ese entonces se habían calculado como afectados por la citada política.
Como consecuencia de esa orden, hasta el pasado 25 de marzo, la administración ha reunido a 2.749 de un total de 2.814 niños que fueron separados de sus progenitores tras llegar a la frontera para solicitar asilo político.
Sabraw, que preside una demanda colectiva entablada en California a nombre de los padres y menores afectados por la política, pidió en marzo pasado que se incluya además a las miles de familias separadas antes del anuncio de la «tolerancia cero» contra la inmigración ilegal, y aludidas en el reporte de HHS.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), uno de los organismos que demandó al gobierno, expresó su oposición con el plan expuesto el viernes, dado el tiempo que implicaría, y señaló que «la administración se rehúsa a tratar la crisis de separación de familias que creó con urgencia».
«El gobierno reunió rápidamente recursos para separar a las familias. Debería hacer lo mismo para reparar el daño», agregó en un comunicado Lee Gelernt, abogado de ACLU.
El 6 de abril de 2018, el entonces titular del Departamento de Justicia (DOJ), el fiscal general Jeff Sessions, anunció la puesta en marcha de la política de «tolerancia cero» contra la inmigración ilegal, por el que se separó a familias migrantes, debido al incremento de aprehensiones en la frontera.
Un año después, la medida, que mereció críticas incluso desde el propio Partido Republicano, por el que fue elegido Donald Trump, se halla bloqueada por mandato judicial y la frontera sur registra una crisis sin precedentes, como lo manifestó Andrew Meehan, comisionado adjunto de CBP.
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