EFE. El gobierno del presidente Donald Trump ha impuesto nuevos límites en el acceso a una residencia legal permanente para los beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS, en inglés) que viajen con permisos afuera del país, denunciaron este jueves grupos comunitarios.
«Este cambio en la política crea incertidumbre legal y confusión en un área previamente establecida por la ley y las prácticas», señaló Mony Ruiz Velasco, directora de Alianza Américas.
En EE.UU. hay más de 320.000 personas amparadas por TPS, entre ellas 195.000 salvadoreños, 57.000 hondureños y 5 nicaragüenses. Los permisos de estos inmigrantes vencen el 4 de enero de 2021.
Abel Núñez, director ejecutivo de CARECEN, explicó que en diciembre de 2019 e director interino de la agencia de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Ken Cuccinelli, modificó la regla entonces vigente según la cual si un beneficiario de TPS salía del país con autorización, al retornar «se limpiaba la entrada ilegal inicial o la orden de deportación».
De esta manera los beneficiarios de TPS que viajaran al exterior con permiso (advance parole, en inglés) podían solicitar el ajuste de su estatus si cumplían con otros requisitos, y tenían un familiar directo, como cónyuge, o un hijo o hija adultos, que fueran ciudadanos estadounidenses y solicitaran esa regularización.
«Esta regla es útil si la persona busca ajustar, sin problemas, su estatus legal», añadió. «Si alguien tiene una entrada ilegal y ha vivido en el país más de tres años, puede hacerlo desde afuera del país, pero el cambio elimina esa senda a la residencia para los beneficiarios de TPS».
«En agosto, la Oficina de Apelación Administrativa ratificó la regla y ahora a cualquier persona que salga del país con permiso no se le limpia la entrada previa», añadió.
«Este gobierno ha encontrado todos los mecanismos posibles para impedir que la gente obtenga una residencia permanente, creando temor e incertidumbre en las comunidades inmigrantes y ampliando las medidas para separar a las familias», señaló Núñez.
Daysi Funes, directora del Centro Romero de Chicago (Illinois) dijo que «el ponerle límites a las opciones legales en la migración es parte de la agenda xenofóbica del presidente Trump y crea inestabilidad en las comunidades en todo Estados Unidos».
Por su parte Laura Sanches, directora del Programa Legal de Inmigración de CARECEN, en San Francisco (California), sostuvo que «los beneficiarios de TPS son miembros de largo plazo en nuestras comunidades, y el dejarlos sin esta opción que ha existido en la ley por décadas, los deja vulnerables a la deportación cuando este gobierno termine con las protecciones de TPS».
Con esta decisión, el Gobierno Trump ha querido cerrar lo que los conservadores califican de agujero en el sistema migratorio, al igual que hicieron con los «soñadores», que desde mediados de agosto pasado tampoco pueden conseguir un «advance parole» que les permita salir del país y regresar, a menos que sean «circunstancias excepcionales».
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