El juez federal Andrew Hanen declinó la petición de una coalición de siete estados, liderados por Texas, de acabar de «inmediato» con el programa migratorio de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), ya que considera que no es el «momento».
«El tribunal no otorgó la solicitud preliminar ya que constató que los Estados Unidos habían demorado la búsqueda del recurso durante años, y aplicarlo en este momento va en contra de los intereses de la sociedad», explicó el magistrado en el fallo.
Esta resolución judicial, esperada por ambas partes desde hacía un mes, supone una victoria parcial para 690.000 jóvenes latinos, conocidos como «soñadores», bajo la amenaza de la deportación.
En este sentido, la senadora demócrata por el estado de Nevada, Catherine Cortez Masto, celebró en un comunicado la decisión del juez y reclamó al Congreso que actúe para que los jóvenes indocumentados «no sufran más dolor».
La organización en defensa de los inmigrantes FDW.us mantuvo un discurso similar y describió el fallo como un ejemplo de «debilidad» en los intentos legales de la Administración del presidente, Donald Trump, de acabar con las renovaciones de DACA.
El presidente de FWD.us, Todd Schulte, hizo un llamamiento a los «soñadores» para que traten de solucionar su situación lo antes posible, ya que está seguro de que los detractores del programa «continuarán trabajando para suprimirlo», según un comunicado de su organización.
Hanen, que anteriormente había fallado en contra de la legalidad del programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes (DAPA), sí observó indicios de que el DACA pueda ir en contra de «algunas normas constitucionales».
Por ello, ofreció la posibilidad de recurrir en 21 días, y abrió la puerta para que el caso llegue a instancias del Tribunal Supremo si no se toma una decisión definitiva en dicho período.
Este resquicio legal fue celebrado por el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, que aseguró en un comunicado que el programa migratorio impulsado durante el mandato del presidente Barack Obama (2009-2017) es «ilegal y los estados demandantes sufren daños irreparables».
«El tribunal solo rehusó emitir una orden judicial preliminar sobre DACA debido al momento de la demanda. Pero ahora estamos muy seguros de que pronto enfrentará el mismo destino que el programa de acción diferida para padres», opinó Paxton.
690.000 protegidos
El DACA fue promulgado en 2012 por el entonces presidente Obama para proteger de la deportación y otorgar permisos temporales de trabajo y residencia a unos 690.000 jóvenes, que llegaron al país sin papeles cuando eran menores y a los que se conoce como «soñadores».
En septiembre pasado, el presidente, Donald Trump, anunció que el DACA debía expirar el 5 de marzo si el Congreso no llegaba a un acuerdo sobre inmigración.
Esto no ocurrió porque dos jueces, uno de Nueva York y otro de California, obligaron al Gobierno a mantener vivo el programa, aunque establecieron que solo podrían renovar su permiso aquellos inmigrantes que ya se hubieran beneficiado anteriormente.
De igual manera, el juez federal con corte en Washington John D. Bates reafirmó su orden de reactivar esa protección migratoria con la admisión de nuevas solicitudes, una decisión con la que el magistrado rechazó el recurso del Gobierno a su decisión inicial del 24 de abril.
