El presidente Donald Trump aseguró que quiere poner fin al derecho a la ciudadanía para los nacidos en el país, lo que ha suscitado numerosas críticas y supone un aumento de su tono antiinmigración, en medio de la campaña de las elecciones legislativas del 6 de noviembre.
«Somos el único país en el mundo donde una persona viene y tiene un bebé, y el bebé es esencialmente un ciudadano de EE.UU. durante 85 años, con todos los beneficios», indicó Trump en una entrevista con el diario digital Axios, donde dijo que esto «tiene que acabar».
El mandatario obvió que, aparte del país, hay una treintena de países alrededor del mundo que otorgan la ciudadanía a los nacidos en su territorio, como Canadá.
Las palabras de Trump retoman una de sus propuestas contrarias a la inmigración de su campaña para los comicios presidenciales de 2016 y se une a otras medidas recientes como el envío de más de 5.000 militares a la frontera con México para hacer frente a la llegada de inmigrantes indocumentados.
«Siempre me han dicho que necesitaba una enmienda constitucional. ¿Y sabes qué? No hace falta (…) Ahora dicen que puedes hacerlo solo con una orden ejecutiva», apuntó Trump, quien no ofreció detalles sobre el plan y se limitó a señalar que lo había analizado con sus asesores legales de la Casa Blanca.
La decimocuarta enmienda de la Constitución, aprobada en 1868, establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en EE.UU., y sujetas por tanto a su jurisdicción, son ciudadanos de EE.UU. y del estado en el que residen».
Dicha enmienda comenzó su proceso de aprobación en 1866, un año después del fin de la Guerra Civil (1861-1865), y buscaba entre otros aspectos conceder el estatus de ciudadano a los antiguos esclavos afroamericanos, que ya habían sido liberados.
Trump aseguró que puede acabar con ese precepto mediante una orden ejecutiva, pero parece improbable que esta vía prospere, ya que el propio artículo 5 de la Constitución estipula que cualquier modificación de la Carta Magna -las enmiendas ratificadas ya son parte de esta- no puede ser emprendida por el mandatario sino por una amplia mayoría legislativa o de las legislaturas estatales.
Es inconstitucional
La oposición demócrata rechazó la iniciativa de inmediato y la tachó de inconstitucional. «Si bien la propuesta de Trump de terminar con la ciudadanía por nacimiento es obviamente inconstitucional, su intención es clara: incitar al miedo, dividir a nuestra nación y hacer que las comunidades vulnerables se sientan inseguras», afirmó en un comunicado el portavoz del Comité Nacional Demócrata (DNC), Daniel Wessel.
Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, el republicano Paul Ryan, siguió la estela de la oposición en una entrevista con una radio local: «No puedes acabar con el derecho a ciudadanía por nacimiento con una orden ejecutiva», consideró.
El experto en política migratoria del conservador Instituto Cato David Bier opinó en un comunicado que este plan sería ilegal y, además, contraproducente.
«Sin el derecho a ciudadanía por nacimiento, el número de residentes ilegales en EE.UU. se incrementaría dramáticamente y a todos ellos les dirían que no son estadounidenses», apuntó Bier.
Este derecho ya fue desafiado poco después de su aprobación cuando en 1895 el Gobierno negó la ciudadanía a un hijo de inmigrantes legales que había nacido en el país, pero el Tribunal Supremo dio la razón a este descendiente de chinos en 1898.
En este sentido, el vicepresidente, Mike Pence, recordó que esa corte nunca se ha pronunciado en un caso en el que los padres fueran indocumentados. «El Tribunal Supremo nunca se ha manifestado sobre si se refiere a gente que se encuentra en el país ilegalmente», declaró.
Si finalmente Trump firmara la orden ejecutiva, posiblemente se desencadene una batalla legal como ya lo hizo su veto migratorio sobre países de mayoría musulmana.
Human Rights Watch (HRW) rechazó la propuesta y su responsable en el país Nicole Austin-Hillery advirtió de que «amenaza con avivar el miedo y la incertidumbre, y con deshacer incontables vidas de familias de la noche a la mañana».
La organización denunció que esta iniciativa «apesta a maniobra política» ante la cercanía de la elecciones legislativas».
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