El Gobierno de Donald Trump cambiará una directriz del Ejecutivo de Barack Obama sobre el abuso sexual en los centros educativos para dar mayor protección a los acusados, un paso criticado de inmediato por demócratas y organizaciones civiles.
El anuncio lo hizo hoy una de las figuras más polémicas del gabinete, la secretaria de Educación Betsy DeVos, en la Universidad George Mason (Arlington, Virginia), donde fue recibida con una protesta de supervivientes de abusos.
«Cada superviviente de conducta sexual indebida debe ser tomado en serio. Cada estudiante acusado de conducta sexual indebida debe saber que la culpa no está predeterminada», dijo hoy DeVos.
«Por eso debemos hacerlo mejor, porque el enfoque actual no está funcionando. Washington ha cargado a las escuelas con directrices cada vez más elaboradas y confusas que incluso los abogados consideran difíciles de entender y navegar», agregó.
Su Departamento abrirá ahora un periodo de comentario público para recibir sugerencias sobre cómo mejorar el sistema, de manera que proteja los derechos «de todos los estudiantes».
La directriz de Obama, emitida en 2011, ha forzado por primera vez a las escuelas, institutos y universidades a responder con mayor rapidez y eficacia ante las denuncias de abuso sexual, ya que, de no hacerlo, pueden perder la financiación federal.
El exvicepresidente Joe Biden fue la voz principal de la campaña del Gobierno Obama contra la violencia sexual, un problema con gran incidencia sobre todo en los campus universitarios del país.
Obama basó su directriz en que los centros educativos están obligados a combatir el abuso sexual bajo la ley federal «Título IX», que prohíbe la discriminación sexual.
El paso anunciado por DeVos ha sido rápidamente criticado tanto por legisladores demócratas como por organizaciones contra la violencia sexual, en los campus y otras asociaciones defensoras de los derechos civiles.
«Esta falsa equivalencia del impacto de la devastación en los supervivientes y el impacto en los acusados es ridícula. Que no os tomen el pelo», tuiteó Jess Davidson, directora de la organización End Rape on Campus, que combate la violencia sexual en las universidades.
«Este es otro movimiento cruel, sin corazón, de la Administración de la Discriminación», consideró en un comunicado Mara Keisling, directora ejecutiva del National Center for Transgender Equality, para quien este paso «promueve mitos peligrosos sobre la violación».
La senadora demócrata Patty Murray, por su parte, volvió a pedir la dimisión de la directora interina de la oficina de derechos civiles del Departamento de Educación, Candice Jackson, quien en julio dijo al New York Times que el «90 por ciento» de las quejas de abusos sexuales en los campus en realidad derivan de sexo de borrachera del que los denunciantes se arrepienten.
El 23 % de las estudiantes universitarias del país ha experimentado algún tipo de contacto sexual no deseado (desde un tocamiento hasta la violación), según un amplio sondeo que efectuó en 2015 la Association of American Universities (AAU).
