El presidente Donald Trump descartó definitivamente incluir la pregunta sobre ciudadanía en el censo de la población de 2020, pero prometió que el Gobierno federal trabajará para descubrir cuántos de los presentes en el país son inmigrantes sin nacionalidad estadounidense.
Dos semanas después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. fallara en contra del intento del Gobierno de añadir esa pregunta al formulario del censo, Trump se rindió finalmente en sus esfuerzos de incluir esa cuestión que, según activistas y miembros de la oposición demócrata, habría intimidado a la población inmigrante.
«Vamos a seguir una nueva opción», dijo Trump en declaraciones a los periodistas desde la Rosaleda de la Casa Blanca.
El mandatario firmó una orden ejecutiva en la que instruye a todas las agencias del Gobierno a que proporcionen cualquier información que puedan tener sobre el número de ciudadanos y no ciudadanos en el país al Departamento de Comercio, del que depende la Oficina del Censo.
«Usaremos (los datos procedentes de las distintas agencias) para elaborar un recuento completo de la población no ciudadana (…) Creo que será bastante más preciso» que incluir la pregunta en el censo, añadió.
El presidente se había negado inicialmente a aceptar la decisión del Supremo y había pedido a sus abogados que exploraran opciones para incluirla, pero la Oficina del Censo ya había empezado a imprimir formularios sin esa pregunta y el litigio habría complicado el desarrollo del cuestionario nacional, según reconoció Trump.
«Podemos usar la información (de las agencias gubernamentales) junto con el cuestionario, para crear el censo oficial», argumentó.
Ese trabajo de sus agencias ayudará a dilucidar «cuántos ciudadanos, no ciudadanos e inmigrantes» indocumentados están en el país, y eso «servirá para tomar decisiones de políticas públicas» en muchos ámbitos, entre ellos «la inmigración», indicó.
«No estamos dando marcha atrás en nuestro esfuerzo de determinar el estatus de ciudadanía de la población de Estados Unidos», insistió.
Trump acusó a los demócratas de querer «ocultar el número» de indocumentados al oponerse a la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía en el censo, y prometió «no escatimar ningún esfuerzo» en su afán de descubrir cuántos no ciudadanos hay en el país.
Analistas del Gobierno habían pronosticado que añadir la pregunta habría rebajado sustancialmente la participación de muchos inmigrantes, lo que habría resultado en un recuento de la población que dejaría fuera a alrededor de 6,5 millones de personas que viven en el país.
Del censo depende el trazado de los distritos electorales para la Cámara de Representantes, por lo que ese cambio podría haber resultado en la reducción de la representación de los demócratas una vez que se dibujara el mapa de nuevo en 2021.
El sondeo de población que se lleva a cabo cada diez años también influye en el reparto de fondos federales y en la representación del Colegio Electoral, el cuerpo de compromisarios encargado de elegir al presidente.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que había amenazado con llevar a Trump ante los tribunales si insistía en incluir la pregunta en el censo, celebró que esa posibilidad se haya aparcado definitivamente.
«(Pero) cuando salgan a la luz los detalles del nuevo plan de Trump para recopilar los datos de ciudadanía fuera del censo, y sus planes sobre cómo usar esos datos, los revisaremos detenidamente y evaluaremos su legalidad», advirtió ACLU en un tuit.
Las tensiones políticas sobre el tema prometen continuar, porque el próximo martes, la Cámara Baja votará sobre la posibilidad de acusar de desacato al secretario de Comercio, Wilbur Ross, y al fiscal general, William Barr, por haberse negado a entregarles documentos que expliquen por qué querían incluir la pregunta.
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