En su primer año de mandato, Donald Trump ha atemorizado a millones de indocumentados al llevar al papel su discurso antiinmigrante con planes ansiados por los conservadores como cancelar DACA y TPS, aunque ha chocado con la realidad a la hora de materializar medidas como el muro con México.
El magnate neoyorquino dejó sentadas las bases de su política migratoria desde el día en el que anunció su candidatura a la Presidencia, en junio de 2015, al proponer levantar un «gran muro» en la frontera con México, país desde donde mandaban, en su opinión, «drogas, el crimen y los violadores».
Desde entonces se sucedieron promesas de endurecer la política migratoria para obtener más logros sobre este tema que lo alcanzado por otros políticos en los últimos 50 años, y en un año ha dado pasos para lograrlo.
Cinco días después de llegar al cargo firmó dos órdenes ejecutivas para detener al mayor número posible de indocumentados y deportarlos sin demora y retirar fondos federales a las ciudades que rechazasen colaborar en este objetivo.
A la espera de los fondos del Congreso para llevarlas a cabo, el «efecto Trump» sí quedó patente en una reducción del 26 % en la llegada de inmigrantes a la frontera. El temor a sus medidas era palpable fuera del país, pero también entre los 11 millones de indocumentados que se calcula viven en el país.
Los inmigrantes con permiso temporal como los «soñadores» amparados bajo la Acción Diferida (DACA) y aquellos que pidieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) también han sido víctimas de las políticas migratorias de la Casa Blanca este año.
En septiembre anunció la cancelación de DACA, que amparaba a 690.000 jóvenes, aunque un tribunal federal anuló temporalmente esta medida, y a finales de año decidió no renovar el TPS a 195.000 salvadoreños, 58.000 haitianos, 5.500 nicaragüenses y un millar de sudaneses.
No auguran «nada bueno»
El director ejecutivo de Alianza Américas, Óscar Chacón, dijo que con todas estas medidas Trump ha favorecido una política migratoria «radicalmente restrictiva y aislacionista», con un énfasis discursivo en el muro fronterizo como principal evidencia.
Coincide con él Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute (MPI), que esta semana presentó un estudio de este centro sobre el primer año de la política migratoria del presidente, que, en su opinión, ha tratado de «enmarcar a la inmigración como un problema para el país».
Chacón cree que esta dimensión retórica extremista que «viene de la Casa Blanca» no tiene precedentes en la historia reciente de los Estados Unidos y no augura «nada bueno» para los inmigrantes en general.
«Si la tendencia que hemos visto a lo largo del primer año de Trump se consolida, seremos testigos de un endurecimiento aún mayor de la guerra contra los inmigrantes», agregó.
Con todo, Trump ha sufrido duros reveses en sus deseos de profundizar su política migratoria, tanto desde el poder legislativo como el judicial.
El proyecto del muro con México no avanzó demasiado porque el Congreso no le ha dado los fondos requeridos, y por ahora debe contentarse con los ocho prototipos que se han levantado en San Diego (California), ni tampoco los recursos para su «fuerza especial de deportación», que iba a contar 10.000 agentes extras en ICE y 5.000 en la Patrulla Fronteriza.
En cambio, logró restablecer el programa Comunidades Seguras y ha insistido con una mayor cooperación institucional entre fuerzas policiales locales y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para facilitar las deportaciones.
En el caso de las ciudades y condados que se declararon santuario, no colaboran con ICE y protegen a los indocumentados, el presidente intentó infructuosamente cancelar fondos federales destinados a las fuerzas de seguridad.
Ante el bloqueo realizado en las cortes por los opositores a esa medida, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, confirmó recientemente ante el comité judicial del Senado que el Gobierno buscará otros caminos y presentaría cargos criminales contra las ciudades santuario.
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