Mientras los administradores de la Autoridad de Energía de Long Island (LIPA, por sus siglas en inglés) consideran quién operará la red eléctrica de Long Island durante la próxima década, otra isla que conozco muy bien ofrece una lección importante para esos responsables de tomar decisiones, pues lo que se decida afectará la resiliencia del sistema, la confianza pública y el cumplimiento normativo durante muchos años.
Puerto Rico se ha convertido en el ejemplo más visible de una red eléctrica fallida. Lamentablemente, uno de los sectores de mayor crecimiento ha sido el de los generadores personales de respaldo. Cientos de miles de residentes los han instalado junto a sus negocios u hogares, anticipando el próximo apagón, como el que dejó a oscuras a toda la isla en la víspera de Año Nuevo.
La situación es tan grave y los fallos eléctricos tan sistemáticos que la Autoridad de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico está tomando medidas legales para retirar el contrato a la empresa que originalmente ganó la licitación para operar la red. Esa empresa es LUMA, una subsidiaria en un 50% de una firma con sede en Texas llamada Quanta.
Lo que hace este tema especialmente relevante para Long Island es que Quanta también es la empresa que actualmente compite por la oportunidad de gestionar la red eléctrica de la región en nombre de LIPA.
En el medio puertorriqueño NotiCel, los reporteros de investigación han revelado que los funcionarios que buscan revocar el contrato operativo con LUMA de Quanta se basan en problemas como “apagones, falta de mantenimiento, incumplimiento del equilibrio entre oferta y demanda de energía dentro del sistema, y falta de cooperación con el gobierno para supervisar su desempeño.”
El Centro para una Nueva Economía, un centro de análisis puertorriqueño, ha sido aún más contundente. En uno de sus informes, observó: “Aumentos tarifarios, apagones generalizados y un servicio generalmente poco confiable se han combinado para generar protestas en las calles, así como llamados de políticos, artistas y otros actores clave para que el gobierno de Puerto Rico cancele o termine el acuerdo de alianza público-privada con LUMA Energy para operar la red eléctrica de la isla.
“Hasta la fecha de este Informe de Política, está claro que LUMA no ha cumplido con las expectativas. Un análisis reciente realizado por la Oficina de Energía de Puerto Rico (PREB, por sus siglas en inglés) concluyó que tanto la duración como la frecuencia de los apagones aumentaron durante los seis meses entre enero y junio del año calendario actual. Este hallazgo es particularmente decepcionante porque, si bien entendemos que llevar el desempeño del sistema a estándares de clase mundial tomará años, hasta ahora no hemos visto ni siquiera un progreso nominal hacia ese objetivo. De hecho, según el análisis de la PREB, la aguja se está moviendo en la dirección opuesta. En lugar de ver un progreso modesto y continuo, por ejemplo, una reducción del 3 o 4 por ciento en la duración de los apagones, estamos, en cierto sentido, en territorio negativo”, continuó el informe.
https://grupocne.org/2022/09/13/another-look-at-the-prepa-luma-agreement/
Actualmente, PSEG Long Island administra la red eléctrica de LIPA. A lo largo de los años, ha sido criticada y sancionada por fallos específicos, como lecciones aprendidas tras eventos climáticos severos como la supertormenta Sandy. También fueron multados después de la tormenta tropical Isaías en 2020, cuando la empresa tuvo importantes problemas con su centro de llamadas, lo que provocó una gran frustración y críticas por parte de los clientes.
Los administradores de LIPA deberán sopesar cuidadosamente el historial de éxitos y fracasos de PSEG Long Island mientras realizan una auditoría de diligencia debida de la empresa que busca reemplazarla. La decisión de LIPA debe basarse en la rendición de cuentas, la competencia, la innovación y el desempeño antes de emitir un juicio. Para quienes tenemos familiares en Puerto Rico, la respuesta puede escucharse por encima del ruido de los generadores de respaldo.
Por el Honorable Francisco Díaz Jr., exasambleísta estatal, cuyos electores incluyen muchas familias con parientes en Puerto Rico.
