La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) realizó un llamado a empleadores de salvadoreños beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) para que continúen aceptando el permiso de trabajo de estos inmigrantes que ha vencido este lunes.
La petición explica que a pesar de que el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por su sigla en inglés), que cobija a los más de 250.000 salvadoreños amparados por el TPS, tiene una fecha de vencimiento impresa para el 9 de septiembre del 2019, la vigencia legal es hasta el 2 de enero del 2020.
En un comunicado, ACLU asegura que «es comprensible que haya confusión sobre la fecha de vencimiento impresa en los EAD», pero instó a los empleadores a cumplir con la decisión de la corte.
ACLU se refiere a que, en octubre pasado, el juez Edward Chen, del Tribunal de Distrito en San Francisco, emitió un fallo que permite a los titulares de estatus de El Salvador, Sudán, Nicaragua y Haití quedarse y trabajar en los Estados Unidos, al menos por el momento.
ACLU y organizaciones que forman parte de la Alianza Nacional TPS resaltaron que la ley federal exige que los empleadores acepten un EAD «vencido», junto con una copia del Aviso del Registro Federal que anuncia la extensión de TPS, como prueba de autorización de empleo.
«Estamos instando a todos aquellos que se puedan ver afectados a que pidan asesoría de las organizaciones; no es legal que los despidan, o incluso les nieguen un trabajo por tener este permiso vencido», explicó la directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), Teresa Tejada.
Diversas organizaciones, incluyendo ACLU, han lanzado una extensa campaña de educación para que los trabajadores y los empleadores sepan que los EAD son válidos.
El pasado 14 de agosto, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena, California, evaluó la demanda después de que el Gobierno pidiera a la corte que desestimara el fallo del magistrado Chen.
La abogada de NDLON, Emi MacLean, dijo que, aunque la decisión del panel no favorezca a los más de 436.000 inmigrantes inscritos en el TPS en todo el país, de los cuales aproximadamente el 90 % es de El Salvador (262.000), la lucha seguirá en el pleno del Noveno Circuito, y el «Tribunal Supremo de ser necesario».
Ante esta situación, decenas de activistas y beneficiados por el TPS y por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) urgieron a los legisladores la aprobación de una vía para acceder a un estatus permanente.
Los inmigrantes de El Salvador beneficiados por el TPS, así como los amparados de otros cinco países, fueron afectados con la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de rescindir el programa.
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